A lo largo de este fin de semana, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de una información relativa al crimen de violencia de género ocurrido en el Hospital de Orense el pasado día 8 de mayo, según la cual la Juez encargada del caso no habría accedido a detener a la persona que, finalmente y según esta misma información, cometió el crimen. Dado que, hasta el momento, el Consejo General de Poder Judicial, órgano que debiera actuar en estos casos, guarda silencio, desde la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE deseamos informar a los medios de comunicación y a la opinión pública de lo siguiente:

1) En un Estado Democrático y de Derecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en uso de las facultades que tienen atribuidas y de acuerdo con la Ley, puede detener en cualquier momento a cualquier persona respecto de la que existan indicios racionales de haber cometido un crimen, así como adoptar medidas de vigilancia para la protección de una posible víctima, y todo ello sin necesidad de pedir autorización previa al juez. Esto es tan claro que casi no necesitaría explicarse.

2) Sólo en aquellos casos en que la Policía Nacional o la Guardia Civil entiende necesario que se adopte alguna medida más excepcionalmente limitativa de derechos fundamentales (por ejemplo registro domiciliario o intervención telefónica) debe pedir previa autorización al Juez.

3) Tanto esas peticiones como cualquier otra que un cuerpo policial quiera dirigir al Juez, deben hacerse por escrito, como una de las garantías procesales propias de un Estado de Derecho. Un escrito además en el que no se reflejen sólo “sospechas”, sino que las mismas deberá estar fundadas en indicios suficientemente relevantes.

4) En el caso del crimen de Orense, según la información publicada, agentes de la Guardia Civil habrían solicitado “verbalmente” a la juez “medidas cautelares e incluso la detención” del sospechoso. A juicio de esta asociación, esta forma de actuar en modo alguno puede constituir base suficiente como para que un Juez restrinja derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre la base únicamente de lo que un agente policial  pueda haberle dicho en la privacidad de su despacho. Ello sería más propio de regímenes totalitarios y policiales.

5) De acuerdo con todo lo anterior, no se entiende que si los agentes de la Guardia Civil que investigaban el caso tenían fundadas sospechas contra el presunto asesino, tal y como ahora se anuncia en los medios, no procedieran a detenerlo y/o a adoptar mayores medidas de vigilancia respecto a la víctima, cuando la Ley les autorizaba a llevarlas a cabo sin necesidad de requerir autorización judicial. A juicio de esta asociación, resulta por completo reprobable pretender centrar la atención mediática en una supuesta negativa judicial, mediante filtraciones interesadas y tendenciosas a la prensa, realizadas por la finalidad evidente de eludir su propia responsabilidad en este lamentable suceso.

6) Por todo ello, deseamos expresar nuestro apoyo a la compañera que se ha visto absolutamente señalada este fin de semana, con muy impactantes titulares en numerosos medios de comunicación, en detrimento, por desgracia, del hecho realmente noticiable,  como es la desoladora realidad de una nueva mujer muerta a manos de su pareja, suceso que, por supuesto, condenamos y lamentamos desde esta asociación.

 

Por Ángel Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza

(Publicado en Heraldo de Aragón)

En una  reciente y novedosa jornada de formación jurídica organizada por el  Tribunal Superior de Justicia de Aragón,  para 200 jueces y secretarios de juzgados de paz en Zaragoza fue un orgullo presenciar la conferencia de la Magistrada Encargada del Registro Civil de Zaragoza Carmen Canfran, espléndida en sus explicaciones  y con un cariño en sus palabras y disposición a aclarar cualquier duda en sala y por correo electrónico, que evidencian la vocación de servicio público que tiene, reflejo fiel de lo que son los funcionarios públicos del actual Registro Civil en nuestra Ciudad y en todos los municipios aragoneses.

El auditorio estaba formado por profesionales acostumbrados a diario a inscribir nacimientos, defunciones, expedientes de  matrimonios y nacionalidad, cambios de nombre, así como a atender a ciudadanos nacionales y extranjeros. Con todo ello, la complejidad de las cuestiones planteadas son de tal envergadura que no comprendo su cesión a los Registradores Mercantiles ( neófitos en esta materia y muy buenos en los actos inscribibles privados), desaprovechando la profesionalización secular del actual Registro Civil y su incardinación natural  con los Juzgados de Paz, en sede de Administración de Justicia. Además, justificaríamos y reforzaríamos  la labor social de la justicia de paz en el Siglo XXI, asentando servicios públicos en municipios y comarcas.

No quiero esconder el gran número de quejas ciudadanas ante el actual servicio y que su funcionamiento es manifiestamente mejorable; pero no se deben a lo que se quiere vender como ineficacia de los servidores públicos. Las causas se centran, principalmente, en la necesaria mejora de los sistemas informáticos y la falta de medios materiales y personales. En Zaragoza, desde hace 10 años soportamos una carga de trabajo que requería el segundo RC exclusivo, pero el Ministerio de Justicia ha ido dejando que se deteriore el sistema para justificar su externalización, con una anunciada gratuidad inicial, pero que justificarán en muy poco tiempo  la fijación de tasas o aranceles  para garantizar, ahora sí, la viabilidad, eficacia y eficiencia del pretendido nuevo RC en manos de los Registradores.

Como afirma Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española “…es necesario un Registro Civil  electrónico y gratuito para los ciudadanos. Se mantienen las dudas sobre su privatización encubierta y el coste añadido que puede suponer para los ciudadanos. Debemos tener un RC único para toda España, de carácter electrónico, dependiente del Estado y no administrativo ni privatizado. Un registro individual de folio personal informatizado único, accesible de forma gratuita para todos los ciudadanos y que mantengan los actuales puestos de trabajo público”.

Abogo porque el 15 de julio de 2015 se vuelva a prorrogar la actual situación de vacatio legis por quinto año y se inicie una reflexión y debate abiertos y transparentes entre Ministerio de Justicia y CCAA con competencias de justicia, Jueces, Secretarios Judiciales, sindicatos de funcionarios, abogados y asociaciones de consumidores, en el prime el interés general público y  que el perjudicado no sea el ciudadano.

 

Mi propuesta sería: La Ley 20/2011 del Registro Civil ordena la desjudicialización del RC, pero no establece la encomienda de gestión de encargar su llevanza al Colegio de Registradores. Por tanto,  aprovechemos lo que tenemos y que el Secretario Judicial y los actuales funcionarios públicos de justicia, expertos en la materia, sigan llevando el servicio  en perfecta coordinación con las agrupaciones de las Secretarias de los juzgados de paz. Los recursos ante la calificación del RC deben mantenerse en la jurisdicción civil ordinaria por garantía jurisdiccional. Se ha de garantizar por ley  su gratuidad y acometer su modernización con   los medios técnicos y personales  necesarios para conseguir un REGISTRO CIVIL DEL SIGLO XXI.

En Zaragoza, a 20 de abril de 2015.

 

 

Reforma y regeneración

Por Ángel Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza

(Publicado en Heraldo de Aragón, 13 de abril de 2015)

BAJO el sugerente título ‘Diez propuestas para mejorar la calidad de la democracia en España. Informe Funciva’, la Fundación Giménez Abad organizó una jornada de reflexión sobre representación política, reforma constitucional y regeneración democrática. Intentaré dar a conocer una serie de reflexiones de catedráticos de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, porque la sociedad necesita ‘el saber de los sabios’.

Ante la desafección ciudadana a los políticos, que no a la política, la crisis de confianza en las instituciones, la crisis de la representación parlamentaria, la percepción de corrupción y la aparición de demagogias populistas, se plantea un diagnóstico de lo que no funciona o lo hace deficientemente y se debaten posibles soluciones. La tesis planteada es la reforma constitucional como instrumento de defensa de la Constitución de 1978, por la vía del artículo 168, a través de una operación limitada a lo que no funciona, pero manteniendo los elementos esenciales del sistema democrático: garantía de derechos fundamentales y libertades públicas, separación de poderes y la indisoluble unidad de la Nación Española.

Frente a tesis inmovilistas (en tiempo de tribulaciones mejor no hacer mudanza) y a la idea de que no se dan condiciones de consenso, el profesor Javier Tajadura plantea el consenso como punto de llegada y no como punto de partida, como sucedió durante la Transición.

El informe Funciva efectúa un diagnóstico de la crisis constitucional y entiende que hay una crisis subjetiva de la representación política: oligarquización de los partidos políticos y colonización de las instituciones.

Nuestro querido catedrático Manuel Ramírez señalaba que la Constitución atribuye a los partidos políticos una posición hegemónica y se ha transformado en imperialista. En los últimos años decía que estamos gobernados por la partitocracia y la profesionalización de los políticos ha impedido la renovación generacional.

Dentro de la limitación espacial de este artículo, enuncio una serie de propuestas para su debate:

1.- Reducción o disminución de los defectos detectados, con una democracia interna y participativa de los ciudadanos en los partidos. Devolver el protagonismo al debate político en el Parlamento a través de la reforma de sus reglamentos.

2.- Cambios en la legislación electoral: confección de listas, limitación de mandatos, no a puertas giratorias, representación, participación de electores, consultas vinculantes, campañas cortas. Adaptación del sistema electoral alemán, con una representación mayoritaria fija y otra proporcional variable.

3.- Separación de poderes. La Justicia es independiente a pesar del Consejo General del Poder Judicial, que está politizado por la distribución de cuotas partidistas. En momentos como los actuales es más importante que nunca que funcionen los juzgados y tribunales como última garantía de los derechos de los ciudadanos. Debería garantizarse el número de jueces necesarios para la carga de trabajo existente. Autonomía presupuestaria para el Consejo y la Fiscalía General del Estado, sin vinculación al Gobierno.

4.- El Senado se ha convertido en cámara de ‘dinosaurios políticos’ y no ha cumplido el papel de representación territorial diseñado. Para seguir como hasta ahora sería mejor eliminarlo.

5.- Reforma de las Administraciones Públicas. El Título VIII de la Constitución y el Estado de las Autonomías no se resolvieron adecuadamente durante la Transición y han de replantearse, porque con sus duplicidades e instituciones ineficaces nos están llevando a la insostenibilidad del sistema.

6.- Las Autoridades Independientes (Banco de España, Frob, CNMV,

Comisión Nacional de la Energía, Autoridad Fiscal Independiente) deben estar presididas por la idea de la defensa de los intereses generales y, partiendo de su legitimación parlamentaria, han de estar caracterizadas por la imparcialidad y la independencia. Sus directores han de ser elegidos entre ternas de candidatos profesionales, idóneos y con componente internacional, si son los mejores.

7.- La Ley de la Transparencia y la mejora de la calidad democrática. Se ha planteado por la vía del art. 105 de la «acceso de los ciudadanos a los archivos públicos», cuando lo ideal sería un refuerzo constitucional por la vía de derecho fundamental (art. 23, derecho de participación, o art. 21 información y opinión pública informada) y con escasas limitaciones, derivadas de secretos oficiales y seguridad pública nacional.

En un año de elecciones es imprescindible que el debate político sobre ideas de reforma para la regeneración democrática sea el eje de las campañas electorales.

 Conclusión: debemos reivindicar que el consenso no sea un punto de salida sino punto de llegada. Si nuestros constituyentes tuvieron esa grandeza de miras durante la Transición democrática, los ciudadanos del siglo XXI debemos regenerar nuestra democracia para garantizar un Estado de bienestar social a nuestros descendientes.

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