De acuerdo con la comunicación que hemos recibido la semana pasada, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en su 322ª reunión, de octubre-noviembre de 2014, acordó admitir a trámite la reclamación presentada con fecha de 19 de septiembre de 2014, por la asociación profesional de Jueces y Magistrados FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, alegando el incumplimiento por parte del Gobierno de España del Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (106). En concreto, el Consejo de Administración considerable admisible la reclamación presentada por nuestra asociación, nombra un comité tripartito de expertos para su examen y nos informa de la posibilidad de efectuar alegaciones y proporcionar información complementaria.

El propósito de la reclamación formulada por la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, es denunciar la vulneración de derechos de los Jueces y Magistrados españoles, relativos al descanso semanal, reconocidos y garantizados por el Convenio nº 106 de la OIT, derivado tanto de la actual regulación del servicio de guardia contenida en el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como de la regulación de las sustituciones entre Jueces y Magistrados, contenida en los artículos 207 a 216 LOPJ, tras la modificación llevada a cabo por LO 8/2012, de 27 de diciembre. Podéis encontrar un resumen de nuestra reclamación en el propio documento emitido por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y que os incluimos como archivo adjunto. Si deseáis obtener una información más completa del contenido de la queja, no dudéis en dirigiros a nuestra asociación para obtenerla.

Esta reclamación se enmarca dentro de la línea de actuación seguida por la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE consistente denunciar ante organismos internacionales tanto los graves ataques a la Independencia Judicial sufridos en los últimos años  en nuestro país, como la vulneración de los derechos laborales de los Jueces y Magistrados españoles. En esta línea, además de esta reclamación ante la OIT, en el año 2013 formulamos una Queja ante el Consejo Consultivo del Consejo de Europa, por la falta de independencia judicial en España, así como en 2014 ante la Relatora de la ONU para la Independencia Judicial, en apoyo de la iniciativa impulsada por la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial.

Desde la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE mostramos nuestra satisfacción por esta admisión a trámite ante un organismo internacional del prestigio de la Organización Internacional del Trabajo, en la esperanza de que sea un primer paso en el reconocimiento y garantía de los derechos laborales de los Jueces y Magistrados españoles, tarea en la que siempre podrán contar con el compromiso de nuestra asociación.

 

En Madrid, a 26 de mayo de 2015

A lo largo de este fin de semana, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de una información relativa al crimen de violencia de género ocurrido en el Hospital de Orense el pasado día 8 de mayo, según la cual la Juez encargada del caso no habría accedido a detener a la persona que, finalmente y según esta misma información, cometió el crimen. Dado que, hasta el momento, el Consejo General de Poder Judicial, órgano que debiera actuar en estos casos, guarda silencio, desde la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE deseamos informar a los medios de comunicación y a la opinión pública de lo siguiente:

1) En un Estado Democrático y de Derecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en uso de las facultades que tienen atribuidas y de acuerdo con la Ley, puede detener en cualquier momento a cualquier persona respecto de la que existan indicios racionales de haber cometido un crimen, así como adoptar medidas de vigilancia para la protección de una posible víctima, y todo ello sin necesidad de pedir autorización previa al juez. Esto es tan claro que casi no necesitaría explicarse.

2) Sólo en aquellos casos en que la Policía Nacional o la Guardia Civil entiende necesario que se adopte alguna medida más excepcionalmente limitativa de derechos fundamentales (por ejemplo registro domiciliario o intervención telefónica) debe pedir previa autorización al Juez.

3) Tanto esas peticiones como cualquier otra que un cuerpo policial quiera dirigir al Juez, deben hacerse por escrito, como una de las garantías procesales propias de un Estado de Derecho. Un escrito además en el que no se reflejen sólo “sospechas”, sino que las mismas deberá estar fundadas en indicios suficientemente relevantes.

4) En el caso del crimen de Orense, según la información publicada, agentes de la Guardia Civil habrían solicitado “verbalmente” a la juez “medidas cautelares e incluso la detención” del sospechoso. A juicio de esta asociación, esta forma de actuar en modo alguno puede constituir base suficiente como para que un Juez restrinja derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre la base únicamente de lo que un agente policial  pueda haberle dicho en la privacidad de su despacho. Ello sería más propio de regímenes totalitarios y policiales.

5) De acuerdo con todo lo anterior, no se entiende que si los agentes de la Guardia Civil que investigaban el caso tenían fundadas sospechas contra el presunto asesino, tal y como ahora se anuncia en los medios, no procedieran a detenerlo y/o a adoptar mayores medidas de vigilancia respecto a la víctima, cuando la Ley les autorizaba a llevarlas a cabo sin necesidad de requerir autorización judicial. A juicio de esta asociación, resulta por completo reprobable pretender centrar la atención mediática en una supuesta negativa judicial, mediante filtraciones interesadas y tendenciosas a la prensa, realizadas por la finalidad evidente de eludir su propia responsabilidad en este lamentable suceso.

6) Por todo ello, deseamos expresar nuestro apoyo a la compañera que se ha visto absolutamente señalada este fin de semana, con muy impactantes titulares en numerosos medios de comunicación, en detrimento, por desgracia, del hecho realmente noticiable,  como es la desoladora realidad de una nueva mujer muerta a manos de su pareja, suceso que, por supuesto, condenamos y lamentamos desde esta asociación.

 

Por Ángel Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza

(Publicado en Heraldo de Aragón)

En una  reciente y novedosa jornada de formación jurídica organizada por el  Tribunal Superior de Justicia de Aragón,  para 200 jueces y secretarios de juzgados de paz en Zaragoza fue un orgullo presenciar la conferencia de la Magistrada Encargada del Registro Civil de Zaragoza Carmen Canfran, espléndida en sus explicaciones  y con un cariño en sus palabras y disposición a aclarar cualquier duda en sala y por correo electrónico, que evidencian la vocación de servicio público que tiene, reflejo fiel de lo que son los funcionarios públicos del actual Registro Civil en nuestra Ciudad y en todos los municipios aragoneses.

El auditorio estaba formado por profesionales acostumbrados a diario a inscribir nacimientos, defunciones, expedientes de  matrimonios y nacionalidad, cambios de nombre, así como a atender a ciudadanos nacionales y extranjeros. Con todo ello, la complejidad de las cuestiones planteadas son de tal envergadura que no comprendo su cesión a los Registradores Mercantiles ( neófitos en esta materia y muy buenos en los actos inscribibles privados), desaprovechando la profesionalización secular del actual Registro Civil y su incardinación natural  con los Juzgados de Paz, en sede de Administración de Justicia. Además, justificaríamos y reforzaríamos  la labor social de la justicia de paz en el Siglo XXI, asentando servicios públicos en municipios y comarcas.

No quiero esconder el gran número de quejas ciudadanas ante el actual servicio y que su funcionamiento es manifiestamente mejorable; pero no se deben a lo que se quiere vender como ineficacia de los servidores públicos. Las causas se centran, principalmente, en la necesaria mejora de los sistemas informáticos y la falta de medios materiales y personales. En Zaragoza, desde hace 10 años soportamos una carga de trabajo que requería el segundo RC exclusivo, pero el Ministerio de Justicia ha ido dejando que se deteriore el sistema para justificar su externalización, con una anunciada gratuidad inicial, pero que justificarán en muy poco tiempo  la fijación de tasas o aranceles  para garantizar, ahora sí, la viabilidad, eficacia y eficiencia del pretendido nuevo RC en manos de los Registradores.

Como afirma Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española “…es necesario un Registro Civil  electrónico y gratuito para los ciudadanos. Se mantienen las dudas sobre su privatización encubierta y el coste añadido que puede suponer para los ciudadanos. Debemos tener un RC único para toda España, de carácter electrónico, dependiente del Estado y no administrativo ni privatizado. Un registro individual de folio personal informatizado único, accesible de forma gratuita para todos los ciudadanos y que mantengan los actuales puestos de trabajo público”.

Abogo porque el 15 de julio de 2015 se vuelva a prorrogar la actual situación de vacatio legis por quinto año y se inicie una reflexión y debate abiertos y transparentes entre Ministerio de Justicia y CCAA con competencias de justicia, Jueces, Secretarios Judiciales, sindicatos de funcionarios, abogados y asociaciones de consumidores, en el prime el interés general público y  que el perjudicado no sea el ciudadano.

 

Mi propuesta sería: La Ley 20/2011 del Registro Civil ordena la desjudicialización del RC, pero no establece la encomienda de gestión de encargar su llevanza al Colegio de Registradores. Por tanto,  aprovechemos lo que tenemos y que el Secretario Judicial y los actuales funcionarios públicos de justicia, expertos en la materia, sigan llevando el servicio  en perfecta coordinación con las agrupaciones de las Secretarias de los juzgados de paz. Los recursos ante la calificación del RC deben mantenerse en la jurisdicción civil ordinaria por garantía jurisdiccional. Se ha de garantizar por ley  su gratuidad y acometer su modernización con   los medios técnicos y personales  necesarios para conseguir un REGISTRO CIVIL DEL SIGLO XXI.

En Zaragoza, a 20 de abril de 2015.

 

 

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