La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

 

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

 

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la  la adopción de las siguientes medidas:

 

* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial.

 

* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

 

* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

 

* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

 

* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

 

* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

 

* Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

 

* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

 

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

 

Jueces para la Democracia

 

Foro Judicial Independiente

 

Unión Progresista de Fiscales

 

Asoción profesional independiente de Fiscales

 

La asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE quiere aclarar algunas de las manifestaciones que el Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, ha vertido frente a los medios este jueves 30 de octubre con ocasión de la visita de la presidenta de Chile, Dña. Michelle Bachelet, manifestaciones en las que ha venido a señalar que la pronta creación de 112 plazas de magistrado y 167 plazas de jueces de adscripción territorial (además de dos nuevos jueces destinados a la Audiencia Nacional) responde al propósito de intentar atajar la crisis de corrupción que asola a este país.

 

En primer lugar, y por supuesto, nos alegramos de que se vayan a crear 279 plazas judiciales y que, además y entre otras cosas, el Sr. Rajoy haya dicho literalmente junto a lo anterior que “Lo que vamos a hacer es facilitar todos los medios personales y materiales a los jueces para que estas cosas no se vuelvan a repetir en el futuro”, en referencia a esos casos de corrupción que hoy día anegan los juzgados.

 

Pero no podemos evitar tener que denunciar el oportunismo de tales declaraciones.

 

La opinión pública debe saber que no se crean plazas de jueces (ni fiscales) desde hace tres años, y que, como las oposiciones se han ido convocando anualmente, ello ha generado en una situación dramática para los jueces de esas últimas promociones, los cuales, tras años de dura preparación teórica y práctica, se encuentran sin juzgado al que ir, obligados a permanecer en una situación de interinidad y en una indefinición profesional y salarial que las asociaciones judiciales ya hemos denunciado varias veces y que, desde luego, no se merece nadie, pero menos quienes, ya en su juventud, ven así pagado su tremendo esfuerzo.

 

Por lo tanto, la creación de estas plazas no responde a ninguna política del gobierno dirigida a acabar con la corrupción política, sino a la necesidad de dar salida a cientos de jueces que actualmente se hallan sin destino fijo, en una lamentable situación de precariedad y provisionalidad. El propio Sr. Ministro, Sr. Catalá, lo expresó así el pasado 15 de octubre, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando señalo: “Desde 2011 la Planta Judicial permanece inalterada y, sin embargo, que la Escuela Judicial ha seguido aprobando y, por lo tanto, poniendo a disposición del Poder Judicial jueces en los últimos años que, sin embargo, no han podido adscribirse a destinos judiciales. En este momento, tenemos un déficit de 276 plazas, y les anuncio ya que el Gobierno se propone crear 282 unidades jurisdiccionales con el fin de resolver esta grave disfunción que tenía sumida en una incertidumbre a una parte de la carrera judicial, precisamente a los más jóvenes, los recién incorporados a la carrera, los que acaban de aprobar sus oposiciones y que lo que desean es empezar a trabajar”. Esta misma situación se reconoce igualmente en la Exposición de Motivos del Real Decreto por el que se procede a la creación de estas nuevas plazas judiciales.

 

Por lo tanto, se trata de una buena noticia que, sin embargo, no responde a la demanda social de que el Gobierno reaccione contra la corrupción, sino a la necesidad de tratar de arreglar, al menos en parte, la desacertada política judicial de años anteriores.

 

En todo caso, nos alegramos de que el mismo presidente del Gobierno relacione la lucha contra la corrupción con la necesidad de un poder judicial fuerte y bien dotado. Como hemos dicho muchas veces, la ausencia de mecanismos efectivos de control y la fagocitación por parte de los partidos políticos de instituciones y esferas que debieran serles ajenas, han convertido al poder judicial en la última, y a veces única, fuerza de choque contra la corrupción. Por ello, tal y como FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE no se cansa de repetir, es imperativo que de una vez por todas el poder ejecutivo surta al poder judicial de los necesarios medios para ejercer su labor con eficacia e independencia, debiendo ponerse fin a las injerencias políticas que lo arrinconan como medio de salvaguardar la imprescindible separación de poderes, garantía del Estado de Derecho propio de la sociedad democrática que pretendemos ser.

 

En Madrid, a 30 de octubre de 2014

 

 

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE ANTE LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA, ALBERTO RUIZ GALLARDÓN

En el día de hoy, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado la dimisión de su cargo, tras la retirada por parte del Gobierno del proyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada. Ante esta importantísima noticia, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE desea emitir el siguiente comunicado dirigido a la Carrera Judicial, y a la opinión pública en general:

1) En el día de la dimisión del Ministro, corresponde hacer balance de su gestión, y, a juicio de esta asociación, éste no puede ser sino profundamente negativo. Nunca un Ministro de Justicia despertó mayores expectativas en su toma de posesión y, desgraciadamente, nunca fue mayor la decepción ni más grave el daño causado a la división de poderes y la independencia del Poder Judicial en España.

En su toma de posesión, el Sr. Ruiz Gallardón planteó un programa reformista, con el que pretendía, según sus propias palabras, “atajar las deficiencias estructurales” de la Administración de Justicia en España, así como ”acabar con la percepción de politización del Poder Judicial que tienen los españoles”, por medio de la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, regresando al espíritu de la Constitución, de manera que doce de sus veinte miembros sean elegidos por y entre Jueces y Magistrados.
Como por todos es sabido, estas promesas nunca llegaron a cumplirse. En flagrante incumplimiento de su programa electoral, y del compromiso asumido ante el Congreso de los Diputados, el Sr. Gallardón impulsó la promulgación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que profundiza aún más y perpetúa el sistema de designación política de los vocales, facilitando en grado sumo que los partidos políticos mayoritarios puedan disponer de un número suficiente de candidatos a vocales del CGPJ que sean de su  agrado, al tiempo que además reduce sustancialmente las competencias de este órgano, hasta reducirlo al rango de una dependencia o prolongación del propio Ministerio de Justicia.

Las reformas y proyectos de ley impulsados por el Ministerio de Justicia durante la etapa del Sr. Gallardón han merecido la reprobación y unánime opinión negativa de todos los profesionales que participan en la Administración de Justicia. A ello contribuyó en gran medida la actitud autoritaria y la nula predisposición al diálogo y la negociación del ahora dimitido. Nunca un Ministro de Justicia fue capaz de aglutinar en contra de su gestión a todas las asociaciones judiciales, de fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de justicia, abogados, procuradores, y los propios ciudadanos, a los que, en su condición de usuarios de la Administración de Justicia, gravó con desproporcionadas y elevadísimas tasas judiciales.

El balance de la gestión como Ministro del Sr. Ruiz Gallardón es una suma de nefastas leyes y proyectos de ley fracasados. A la ya citada reforma del Consejo General del Poder Judicial, se unió una reforma del sistema de sustituciones entre Jueces y Magistrados, que vino a suponer en la práctica la reducción de aproximadamente mil jueces sustitutos que venían trabajando en nuestros Juzgados y Tribunales, con el consiguiente aumento del tiempo de resolución de los pleitos. En lugar de aumentar la inversión en Justicia, se procedió por esta vía a reducir aún más el número de Jueces de nuestro país, ya de por sí por debajo de la media de la Unión Europea. Se limitó dramáticamente el acceso a la Justicia de los ciudadanos a través de las tasas judiciales. Se dejan nuevamente sin resolver, cuestiones tan importantes como el Registro Civil, que queda en una lamentable situación de incertidumbre e improvisación, o la nueva Planta y Demarcación Judicial, la reforma del Código Penal con la anunciada implantación de la prisión permanente, la jurisdicción voluntaria, la reforma del sistema de instrucción penal, la reducción del número de aforados…y finalmente, la reforma de la regulación en materia de interrupción del embarazo.

En suma, a la vista de lo hasta ahora expuesto, no es aventurado afirmar que, con la dimisión de Gallardón, se produce la salida del que ha sido el peor Ministro de Justicia de la democracia.

2) Con la dimisión del Sr. Ruiz Gallardón, se abre una nueva etapa en el Ministerio de Justicia. Desde la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE confiamos en que la llegada de un nuevo Ministro pueda suponer un aire nuevo y un talante distinto del que su anterior titular mantuvo durante su mandato. Nuestra asociación está dispuesta a colaborar en cualquier actividad que pueda suponer un avance en la defensa de la independencia judicial y el estatuto profesional de los Jueces y Magistrados. Del nuevo equipo ministerial, y de su voluntad de superar la actitud autoritaria de su predecesor y rectificar las gravísimas políticas desarrolladas durante los últimos años, dependerá que el enorme daño infligido a la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial puede alguna vez ser reparado.

La Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente.

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