El pasado 9 de enero, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE presentó en el Registro del Consejo General del Poder Judicial una carta donde recordamos a nuestro órgano de gobierno la necesidad de que se proceda a regular el régimen jurídico de los jueces en prácticas que, en muy breve plazo, comenzarán la fase de “sustitución y refuerzo”, creada por la última reforma de la LOPJ, en apoyo además de las peticiones que los Delegados de la 66 Promoción han dirigido en este mismo sentido. Por si resulta de vuestro interés, os adjuntamos el texto de la carta:

            Excmo. Sr.

           El pasado mes de noviembre de 2014, los dos Delegados de la Escuela Judicial, actuando en representación de sus compañeros de la 65ª Promoción de la Escuela Judicial, presentaron ante el registro del Consejo General del Poder Judicial, escrito por el que solicitaban a nuestro órgano de gobierno que procediera a la modificación del Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, a fin de incluir en el mismo un capítulo específico, en el que se contenga el régimen jurídico de los jueces en prácticas, durante la fase de sustitución y refuerzo que obligatoriamente deben llevar a cabo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 307.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (tras modificación operada por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia).

En su momento, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE mostró su rotunda oposición a que la reforma de la LOPJ creara esta insólita e inadmisible fase de “sustitución y refuerzo”, en la que Jueces en prácticas se ven obligados a asumir con su nombre y con su firma toda la responsabilidad de las decisiones que tomen en el Juzgado que se les encomiende, pero sin embargo se hallan aún bajo la supervisión y evaluación de la Escuela Judicial, situación más que dudosamente compatible con el principio constitucional de independencia judicial, y la pretendida “amplitud en el ejercicio de la jurisdicción” que pregona el artículo 307.4 LOPJ.

Sin embargo, ante la cercanía de la finalización de la fase de prácticas tuteladas de esta promoción, y el hecho cierto de que la siguiente fase de “sustitución y refuerzo” aún carece de un adecuado régimen jurídico, la Comisión Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente ha acordado, por un lado, reiterar su apoyo y conformidad con las peticiones contenidas en el escrito presentado por los Delegados de la 66ª Promoción de la Escuela Judicial, y, por otro, dirigir el presente escrito al Consejo General del Poder Judicial, a fin de recordar que esta cuestión sigue pendiente y es imprescindible que esta Promoción pueda contar, al menos, con de un mínimo de seguridad jurídica durante el desarrollo de esta fase de “sustitución y refuerzo”. En concreto, es necesario resolver cuestiones básicas relativas al régimen jurídico de los Jueces en prácticas, entre las que podemos destacar:

a)     Desarrollo de esta fase de sustitución y refuerzo en Juzgados preferentemente de orden civil o penal, en las provincias prioritariamente señaladas por los Jueces en prácticas a fin de conciliar en la medida de lo posible la vida familiar y laboral, y con una duración que no exceda del mínimo de cuatro meses previsto por el artículo 307.4 LOPJ.

b)     Evaluación del desempeño y dedicación de los Jueces en prácticas, de manera que no se produzca de facto una vulneración del principio de independencia judicial.

c)      Retribución acorde con la responsabilidad que supone para los Jueces en prácticas el ejercicio de la jurisdicción con la misma amplitud que el titular del órgano judicial, incluyendo naturalmente el complemento de destino correspondiente.

Resulta evidente la trascendencia que todas estas cuestiones tienen para el régimen jurídico de los Jueces en prácticas; por ello, a juicio de la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, es preciso que, con urgencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de la potestad reglamentaria que la LOPJ le confiere, proceda a su regulación, a fin de evitar que la fecha de inicio de esta fase de “sustitución y refuerzo” se aproxime, y los compañeros de la 65ª promoción sigan sin conocer a qué atenerse.

            En Madrid, a 9 de enero de 2015.

Fdo. Don Conrado Gallardo Correa
            Presidente de Foro Judicial Independiente.

En el día de ayer, durante la sesión del Pleno del Senado, y en respuesta a la pregunta formulada por uno de los Senadores acerca de la opinión del Gobierno en relación con que más de 8000 juristas denunciaran en redes sociales la lentitud de la justicia, mostrando providencias con señalamientos de juicios para 2017, 2018 y 2019, el Ministro de Justicia Don Rafael Catalá Polo señaló que “más o menos 500 juzgados de casi 5000 son los que tienen problemas de sobrecarga. No me quedo tranquilo, pero es un 10%, mientras que un 90% funciona muy adecuadamente“, y más adelante concluyó su contestación diciendo que “estoy seguro de que ese 10% de juzgados que hoy no funciona bien en el futuro tendrá un funcionamiento mucho más eficaz y más cercano a las demandas de los ciudadanos”. Ante ello, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE desea emitir el siguiente comunicado dirigido a la opinión pública y la Carrera Judicial::

1) El Sr. Ministro debería saber que la última medición oficial de la carga de trabajo de nuestros Juzgados y Tribunales fue la publicada en septiembre de 2014 por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, según la cual más de un 40% de los Juzgados y Tribunales de España (1695 de 3894 en total) asumen más de un 150% de la carga de trabajo máxima recomendable, y casi un 75% asumen más del 100% de esta carga máxima.

Por ello, sorprende sobremanera esta aseveración tajante del Ministro de Justicia acerca de que tan sólo un 10% de los Juzgados tiene “problemas de sobrecarga”. ¿En base a qué estadística o a qué medición de la carga de trabajo de los Juzgados hace el Sr. Catalá esta afirmación? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué parámetros de medición ha tomado en cuenta para llegar a esta conclusión? ¿Exactamente qué entiende el Ministro por funcionar “muy adecuadamente”, como predica del 90% de nuestros Juzgados? ¿Señalar juicios a dos o tres años vista entra dentro del canon de lo “adecuado” para el Sr. Catalá?

A nuestro juicio, resulta por completo irresponsable e impropio de un puesto  de tanta importancia como el que ocupa el Sr. Catalá, hacer tan alegremente este tipo de afirmaciones, sin apoyo en medición o estudio oficial alguno, de manera que se induce a error voluntaria o involuntariamente a la opinión pública, ofreciendo información errónea o tergiversada en relación con la carga de trabajo de nuestros Juzgados y Tribunales. Cuando el Ministro de Justicia habla de una materia de esta importancia debería procurar hacerlo con una completa rigurosidad y seriedad, cualidades que, lamentablemente, en este caso han brillado por su ausencia.

2) Cabe pensar en distintas razones que han podido llevar al Sr. Ministro a realizar estas afirmaciones hoy en el Senado, pero lo cierto es que ninguna de ellas resulta tranquilizadora.

Así, si se trata de desconocimiento, resulta alarmante que el titular del Ministerio de Justicia desconozca tan profundamente la realidad de nuestros Juzgados y Tribunales. Si, por el contrario, no se trata de ignorancia sino que con este tipo de afirmaciones se trata de eludir las propias responsabilidades en el mal funcionamiento de la Justicia, bien poco podemos confiar en que se adoptarán las medidas necesarias para corregir las abundantes disfunciones del sistema judicial.

En realidad, aseveraciones como las que hoy ha hecho el Sr. Catalá nos hacen temer que, precisamente, la solución que su Ministerio propone para el gravísimo problema de sobrecarga y colapso de nuestros Juzgados sea, precisamente, modificar los criterios estadísticos y así crear una falsa apariencia de mejoría en la carga de trabajo de la Administración de Justicia. Es decir, ante una estadística oficial que concluye que nuestros Juzgados están severamente infradotados, lo que se propondría no es propocionar más y mejores medios, sino modificar la estadística para que así dé otros resultados más convenientes para el equipo ministerial, pese a que los ciudadanos seguirían sufriendo las nefastas consecuencias del colapso de los Juzgados.

3)  Asimismo, no es la primera vez que el Sr. Catalá hace afirmaciones de este tipo sobre la carga de trabajo de nuestros Juzgados y Tribunales, en contradicción con los datos oficiales publicados por el Consejo General del Poder Judicial. Se echa en falta en este punto, como en tantos otros, una reacción oficial de nuestro órgano de gobierno, desmintiendo la realidad de estas afirmaciones y haciendo valer su condición de garante de la independencia y dignidad del Poder Judicial. Por desgracia, los antecedentes no invitan a ser demasiado optimistas acerca de cuál será la reacción del Consejo General de Poder Judicial en esta ocasión.

Por todo ello, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE reclama con urgencia al Sr. Ministro de Justicia que rectifique o explique suficientemente sus afirmaciones, y en base a qué estima que sólo un 10% de los Juzgados españoles sufre sobrecarga. Una mínima exigencia de seriedad y de solvencia en el ejercicio de su función requiere del Sr. Catalá una importante enmienda en su forma de referirse a la sobrecarga de trabajo de nuestros Juzgados y Tribunales.

En Madrid, a 18 de febrero de 2015    

FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

La asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE respeta las competencias que corresponden al resto de poderes del Estado, sobre todo en materia legislativa.

A pesar de ello, y tras una lectura del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Ministerio de Justicia ha dado a conocer, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE quiere hacer constar, desde la convicción de que la judicatura española debe señalar, dada su posición, cualquier anomalía que altere el equilibrio de poderes, que dicho anteproyecto:

1)     Supone una ampliación de las facultades de investigación ajenas al control judicial, con la consiguiente merma de garantías individuales.

2)     La fijación de plazos máximos para la investigación judicial de los delitos, transcurridos los cuales se produciría el sobreseimiento de las actuaciones, es una ocurrencia que: a) puede dar lugar a no pocos casos de impunidad de comportamientos delictivos, especialmente las tramas delictivas complejas o los llamados “delitos de cuello blanco”, en los que los investigados disponen de los medios  y recursos necesarios para bloquear la actuación investigadora que los persigue; b) señala falsamente al poder judicial como el culpable de que determinadas instrucciones criminales se alarguen en exceso, siendo la causa real de ello la falta de medios personales y materiales necesarios para su tramitación y que corresponde proporcionar al poder ejecutivo, sin los cuales, y sin las adecuadas reformas legislativas, no será posible disminuir realmente los periodos de investigación criminal.

 

En Madrid, a 22 de diciembre de 2014

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