También publicamos el texto completo del artículo “UN PODEROSO A CONDENA: EL PLEITO ENTRE EL MARQUÉS DE VILLAMANRIQUE Y LA MESTA (S. XVI)

Propuesta unitaria de las asociaciones judiciales

A lo largo de los últimos treinta años, la sociedad española ha podido comprobar cómo la Justicia sigue siendo la gran olvidada. Propuesta esenciales para su mejora, formuladas en muchas ocasiones desde el sentir unánime de la Carrera Judicial, no han encontrado otro destino que el cajón o, directamente, la papelera, al extremo de convertirse en tópicos o lugares comunes que, en cada convocatoria electoral, volvemos a escuchar.

Lejos de llevarnos al desánimo o a la resignación, esta situación nos debe empujar, ante el inicio de una nueva legislatura, a recordar y plantear dichas propuestas, con la esperanza de que, esta vez sí, puedan ser acogidas, si es que de verdad las fuerzas políticas creen que los ciudadanos merecen una Justicia de calidad.

1.- El marco necesario: un Pacto de Estado.

La Justicia no puede estar al albur de los vaivenes e intereses políticos. En la medida que constituye un servicio público de primera magnitud y, al propio tiempo, uno de los tres poderes del Estado, destinado a garantizar el correcto funcionamiento de los otros dos, ha de construirse sobre un consenso lo suficientemente amplio que asegure que, con independencia de quien gobierne, la Justicia es una prioridad, como la sanidad o la educación.

De ahí la necesidad de elaborar, entre todos los grupos políticos y con intervención de los operadores jurídicos –jueces, fiscales, abogados…-, unas bases que constituyan puntos de encuentro sobre la Justicia que queremos y que nos permitan, por una parte, lograr un Poder Judicial verdaderamente independiente, y, por otra, sentar las líneas de trabajo sobre las que legislar y programar a corto, medio y largo plazo, los cambios necesarios para conseguir una Administración de Justicia que, debidamente dotada, esté en condiciones de prestar el servicio de calidad al que los ciudadanos tienen derecho.

Una Administración de Justicia con vocación de futuro no puede construirse en una legislatura, y, si asumimos que estamos ante uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, su consecución tampoco puede hacerse desde una concreta sensibilidad política, sino desde un escenario en el que todos, o al menos la inmensa mayoría, se sientan representados.

Este Pacto de Estado habría de articularse sobre los ejes que seguidamente se exponen, sin perjuicio de cualesquiera otros que pudieran surgir.

2.- Un nuevo modelo de Carrera Judicial y de organización territorial y funcional de la Administración de Justicia.

La organización actual de la Administración de Justicia es obsoleta y las sucesivas reformas no han conseguido dar respuesta a las demandas y necesidades de una sociedad moderna.

Es necesario diseñar un nuevo modelo organizativo, revisar el sistema de categorías profesionales para facilitar y estimular la promoción profesional, implantar los tribunales de instancia en la primera línea –con estricto respecto a los principios de independencia e inamovilidad, estructurado por órdenes jurisdiccionales y presididos por un decano elegido por los compañeros-, una nueva distribución territorial acomodada a la realidad social, política, económica y demográfica, y una oficina judicial que realmente sirva como instrumento de asistencia y apoyo a actividad jurisdiccional –y no como un fin en sí mismo o herramienta de control al servicio de otros intereses-.

3.- La implantación de mecanismos que fortalezcan la credibilidad de la Justicia y la confianza del ciudadano en sus tribunales.

Uno de los problemas más graves que padece nuestra Justicia es la apariencia de politización que, aunque no responde a una realidad tangible, ha calado en el sentir social.

Es preciso reforzar la imagen de independencia  de los jueces y la credibilidad del sistema, evitando y saliendo al paso de cualquier situación que pueda hacer pensar tanto en una justicia politizada, como en la judicialización de la política.

En particular, el Consejo General del Poder Judicial ha de quedar al margen de las tensiones políticas, lo que no pasa desde luego por su desaparición, sino por potenciar sus competencias y asegurar que la elección de sus miembros, su composición y régimen de funcionamiento, responden al objetivo que justificó su creación: disponer de un órgano que garantizase la independencia judicial frente a cualquier injerencia externa de los demás poderes públicos y de terceros, para lo cual se considera imprescindible recuperar la elección directa de los vocales judiciales por los propios jueces con criterios de proporcionalidad, la dedicación plena de todos los vocales y las competencias necesarias para el desarrollo de su función constitucional.

4.- La redefinición y coordinación del régimen de competencias en materia de Administración de Justicia.

​ A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que distinguió entre la Administración de Justicia, como competencia estatal, y la administración de la Administración de Justicia, como competencia susceptible de ser asumida por las CCAA, hoy nos encontramos con un régimen competencial distorsionado e ineficaz.

​ La realidad demuestra que, unas veces por  haberse utilizado como arma arrojadiza entre el Estado y las CCAA,  y otras veces por el diferente interés que ha suscitado en las Administraciones autonómicas, actualmente existe una Justicia con diferencias crecientes en función de la Comunidad de que se trate, lo que crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en lo que se refiere al servicio público.

​ Es menester afrontar el problema,  redefinir y clarificar el sistema de competencias, así como asegurar la debida coordinación entre las Administraciones estatal y autonómica, de forma que se trabaje en la misma dirección.

5.- Plan de inversión económica.

Bajo los principios de estabilidad y compromiso del Estado y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia, ha de elaborarse un plan de inversiones distribuido a lo largo de varias legislaturas, que permita dotar a la Administración de Justicia de los medios imprescindibles para asegurar una Justicia ágil, eficaz y de calidad, asignando un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado y exigiendo que cada reforma legal vaya acompañada de una memoria económica, auditada por expertos independientes, y un proceso de implantación adecuado a las circunstancias.

Todo ello debe partir de una perspectiva de la Justicia como servicio público, que sea accesible a la ciudadanía, sin discriminar a nadie por razones económicas y sin obstáculos que impidan o dificulten el acceso a la justicia a los particulares y a las pequeñas y medianas empresas.

6.- Plan de ampliación de la planta judicial garantizado.

En paralelo a la configuración de una nueva estructura y sea cual fuere el modelo a seguir, ha de elaborarse un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo, que no se limite a conjugar la pérdida vegetativa, sino que aspire a situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno, como medio para garantizar la prestación de un servicio de calidad.

7.- Condiciones profesionales dignas.

Los jueces, en unión de otros operadores jurídicos, han venido supliendo las carencias del sistema con su dedicación y esfuerzo, pero este voluntarismo no puede perpetuarse en el tiempo. Hay que establecer las condiciones adecuadas para que los jueces puedan desempeñar su función con las debidas garantías, en beneficio del ciudadano, lo que pasa por afrontar extremos como la salud laboral, los riesgos y enfermedades profesionales, la igualdad de género, la mejora del régimen de sustituciones, el volumen de trabajo y un régimen retributivo acorde con la responsabilidad y categoría profesional del puesto y la función desarrollada.  Entretanto, debe cumplirse en sus propios términos la previsión contenida en la Disposición Adicional 1ª de la Ley15/2003.

El CCGP, como órgano de gobierno del  Poder Judicial, debe liderar la aprobación y aplicación de todas aquellas propuestas tendentes a la dignificación de la función judicial.

8.- Modernización tecnológica.

Si bien la ley 18/2011 y, sobre todo, las recientes reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han apostado decididamente por la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, lo cierto es que  la mera publicación de la ley puede no ser suficiente si no se resuelven previamente otras cuestiones previas.

En primer lugar, la tan largamente debatida compatibilidad de los sistemas informáticos procesales. La dispersión de modelos según las Comunidades autónomas sigue sin permitir, como mero ejemplo, la interoperabilidad o comunicación entre los órganos judiciales. Hoy existen hasta ocho aplicaciones informáticas distintas entre las diferentes CCAA, por supuesto incompatibles entre sí.

Pero hay otros ejemplos de facetas necesitadas de una verdadera apuesta (ordenada y sistematizada con criterio) por la modernización. La regulación homogénea de la sede judicial electrónica, la puesta a disposición de los órganos judiciales de tecnología realmente operativa, el acceso inmediato a archivos y registros electrónicos públicos… Todo ello exige planificación, coordinación, inversión y voluntad política real.

9.- Reformas procesales y sustantivas.

Aunque  las leyes son reflejo del sentir de la mayoría política, que, precisamente por ello, tiene la responsabilidad de llevar a cabo sus compromisos electorales, es lo cierto que, por una parte, existen ciertas materias que, por su trascendencia en la vida diaria de los ciudadanos, exigen la búsqueda de puntos de encuentro a fin de concitar la mayoría política y social en la reforma, y, por otra parte, las disposiciones procesales se configuran como las reglas del juego en materia de Justicia, y, por tanto, su reforma impone igualmente cierta prudencia y visión de futuro.

Unas y otras precisan revisiones profundas, pero esas modificaciones requieren un diagnóstico previo de los problemas, para a continuación buscar soluciones consensuadas que, en un marco global, se implanten de manera ordenada. No cabe legislar en caliente ni para resolver un caso concreto.

Hay que modificar la práctica de reformas legislativas parciales y a corto plazo, que no vienen acompañadas de ninguna dotación presupuestaria específica  y se imponen sin responder a ninguna planificación o proyecto común. En el mismo sentido, reformas legales como la del Estatuto de la Victima se convierten en papel mojado si no vienen acompañadas de los recursos necesarios.

Es necesario hacer un análisis en profundidad con todos los operadores, que permita abordar una reforma global, por áreas, pero siempre pensando de dónde venimos y a dónde queremos ir, así como en la necesidad de acompasar esas reformas a los recursos existentes o previsibles a corto plazo.

17 de diciembre de 2015

 

Asociación Profesional de la Magistratura

 

Asociación Judicial Francisco de Vitoria

 

Jueces para la Democracia

 

Foro Judicial Independiente

XII CONGRESO FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

ZAMORA, 11-14 NOVIEMBRE 2015

CONCLUSIONES

INCUMPLIMIENTO DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE CONVOCAR LA COMISIÓN PREVISTA EN LA LEY DE RETRIBUCIONES

Se autoriza a la Comisión Gestora para presentar recurso contencioso administrativo por la falta de convocatoria desde hace más de dos años de la Comisión prevista en la Ley de Retribuciones para revisar las retribuciones de los Jueces cada cinco años y, en lo posible, para su planteamiento conjunto con las otras asociaciones, así como también para reclamar al Ministerio de Justicia la creación de una mesa de negociación permanente con las Asociaciones Judiciales.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

FJI entiende que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano necesario para garantizar la independencia judicial, siempre que esté compuesto por una mayoría sustancial de jueces elegidos democráticamente por los propios jueces mediante un sistema de listas abiertas.

 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA CARRERA JUDICIAL

1.- Se acuerda establecer un grupo de trabajo para llevar a la CNSS una propuesta de carga de trabajo a efectos de salud “PROVISIONAL” sobre el módulo provisional de dedicación de 2010.

2.- Se acuerda autorizar a la Comisión Gestora la decisión de impulsar todo tipo de medidas, incluida la acción judicial, en caso de que el CGPJ no cumpla su deber de fijar las cargas de trabajo a efectos de salud.

 

SITUACIÓN DE LOS JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL

  1. Se rechaza la utilización de los JAT como mecanismo alternativo a la creación de una planta de órganos judiciales adecuada a las necesidades de la justicia.
  2. Se acuerda que FJI, en el proceso de redacción de la reforma del Reglamento de la carrera judicial respecto de los JAT defienda la garantía de los principios de igualdad, inamovilidad, juez ordinario predeterminado por la Ley y no discriminación
  3. FJI defiende que la designación de los JAT responda a criterios de antigüedad en el escalafón sin tener en cuenta otras circunstancias más que los méritos de lengua y Derecho foral legalmente establecidas.
  4. FJI propone la inclusión en el futuro Reglamento de:

-Particularidad de Andalucía a efectos de complemento de destino.

-Referencia a los especiales riesgos que para la salud laboral supone la alta movilidad de los JAT.

-Referencia a la productividad (introducción de factor de corrección en quienes ejercen funciones de refuerzo en una jurisdicción por las especiales circunstancias de estos destinos)

-Regulación de la situación laboral tras una baja, especialmente en lo relativo a la conservación del destino que se tenía en el momento de la baja.

5.- FJI propone la modificación legal de la D.A. 8ª de la Ley 15/2003 de retribuciones para que quienes desempeñen su labor en Tribunales colegiados tengan reconocido el complemento correspondiente a los mismos y del art. 201 LOPJ para que se prevea como causa de cese de los sustitutos el llamamiento de un JAT al destino que esté ocupando.

 

VALORACIÓN DE LA FIGURA DEL PROMOTOR DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA

1.- FJI reclama la supresión de la facultad de actuación de oficio de la Comisión Disciplinaria. Su actuación debe ser siempre a petición del Promotor o a petición de parte interesada que recurra la decisión de este de no iniciar expediente disciplinario

2.- FJI exige la adopción de medidas contra las denuncias abusivas, respetando en todo caso las más amplias facilidades para que los ciudadanos puedan presentar quejas, pero poniendo límites a la presentación de quejas abusivas sin otra pretensión que entorpecer el trabajo de los jueces.

3.- FJI propone que el nombramiento del Promotor de la Acción disciplinaria se lleve a cabo por parte de la Sala de Gobierno del TS y no por el CGPJ para garantizar de esta forma su imparcialidad e independencia del órgano sancionador.

4. –FJI acuerda controlar anualmente a través del Portal de Transparencia el dinero gastado por el CGPJ en pago de costas por anulación jurisdiccional de sanciones disciplinarias. Esta cifra puede ser reveladora de una política disciplinaria equivocada que al ser revocada en vía jurisdiccional genera unos gastos de dinero público que pueden ser evitados mediante la adecuación de esa política disciplinaria.

 

ANÁLISIS DE LA JUSTICIA A PARTIR DEL ESTUDIO DE SUS DATOS NUMÉRICOS

FJI sostiene que el funcionamiento de la Administración de Justicia en España es ineficaz y ha empeorado desde 2004 a causa de una distribución territorial de medios personales que no es racional en tanto no guarda relación con la litigiosidad; de una organización de la oficina judicial descompensada e ineficiente; de un gasto público exiguo e inferior a la media europea; y de una planta judicial muy inferior a la media europea y notoriamente insuficiente para afrontar la elevada litigiosidad que existe en nuestro país, que es de las más altas de Europa.

Por tanto, ninguna mejora realista y sustancial de la Administración de Justicia es posible si no se aborda decididamente los problemas citados. Prueba de ello que el incremento del gasto público de la Administración de Justicia de estos últimos años ha resultado baldío porque no se ha destinado preferentemente a paliar el déficit de jueces, ni la actividad legislativa a desjudicializar los conflictos sociales sino, todo lo contrario, a utilizar la Justicia como herramienta preferente, y casi exclusiva, de resolución de conflictos, marginando las actividades preventivas propias de toda sociedad avanzada, como fomentar la educación en los valores cívicos y el respeto a la ley.

 

VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

1.- Foro Judicial Independiente reclama la definitiva modernización de la Administración de Justicia, que solo podrá realizarse con una inversión económica suficiente que asegure una Justicia ágil, moderna y eficaz y garantice el Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

2.-  Foro Judicial Independiente denuncia la precipitación de las Administraciones con competencias en Justicia en la implantación del EJE, y exige una moratoria en su puesta en marcha hasta tanto no se cumplan los siguientes requisitos mínimos:

A) Debe haberse aprobado un modelo uniforme para toda España en el que se garanticen medios de software y hardware adecuados, con unos requisitos técnicos mínimos y estandarizados para todos.

B) Debe garantizarse la participación de la Carrera judicial en el diseño del Expediente Judicial Electrónico a través de sus Asociaciones.

C) Debe darse a los Jueces y Magistrados una previa y suficiente formación en el uso de las nuevas tecnologías y asegurar su continuidad en el tiempo, así como proveer una asistencia técnica inmediata.

D) Debe elaborarse un estudio previo de los riesgos que en materia de salud laboral puede suponer para los Jueces y Magistrados la nueva metodología de trabajo.

E) Debe facilitarse a los Jueces y Magistrados en su domicilio los mismos medios informáticos y asistencia técnica que en los juzgados.

REFORMA DE LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

FJI ratifica el comunicado que la Gestora suscribió conjuntamente con otras Asociaciones de Jueces y Fiscales en el sentido de rechazar la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, particularmente en cuanto a la limitación legal de los plazos de instrucción.

 

Zamora, a 14 de Noviembre de 2015

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