La asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE respeta las competencias que corresponden al resto de poderes del Estado, sobre todo en materia legislativa.

A pesar de ello, y tras una lectura del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Ministerio de Justicia ha dado a conocer, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE quiere hacer constar, desde la convicción de que la judicatura española debe señalar, dada su posición, cualquier anomalía que altere el equilibrio de poderes, que dicho anteproyecto:

1)     Supone una ampliación de las facultades de investigación ajenas al control judicial, con la consiguiente merma de garantías individuales.

2)     La fijación de plazos máximos para la investigación judicial de los delitos, transcurridos los cuales se produciría el sobreseimiento de las actuaciones, es una ocurrencia que: a) puede dar lugar a no pocos casos de impunidad de comportamientos delictivos, especialmente las tramas delictivas complejas o los llamados “delitos de cuello blanco”, en los que los investigados disponen de los medios  y recursos necesarios para bloquear la actuación investigadora que los persigue; b) señala falsamente al poder judicial como el culpable de que determinadas instrucciones criminales se alarguen en exceso, siendo la causa real de ello la falta de medios personales y materiales necesarios para su tramitación y que corresponde proporcionar al poder ejecutivo, sin los cuales, y sin las adecuadas reformas legislativas, no será posible disminuir realmente los periodos de investigación criminal.

 

En Madrid, a 22 de diciembre de 2014

En FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, tal y como concluimos en el Congreso de Toledo del año 2013, mantenemos la convicción de que los nombramientos de cargos judiciales gubernativos no deben ser discrecionales, sino sustentarse en criterios objetivos de mérito y capacidad, tal y como refirió la STS 26 abril 2013. Desde este punto de vista, y sin prejuzgar con ello la valía de los candidatos ya nombrados, nos parece muy positiva la iniciativa de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial de analizar si el Consejo General del Poder Judicial, al realizar los nombramientos que son de su competencia, está efectivamente nombrando al candidato que reúne mayores méritos objetivos, y de la que es muestra su informe sobre presidencias de Audiencias Provinciales.

Aprobamos esta iniciativa, la apoyamos públicamente y nos mostramos dispuestos a colaborar en lo que resulte necesario.
En Madrid, a 18 de diciembre de 2014.

 

La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

 

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

 

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la  la adopción de las siguientes medidas:

 

* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial.

 

* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

 

* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

 

* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

 

* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

 

* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

 

* Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

 

* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

 

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

 

Jueces para la Democracia

 

Foro Judicial Independiente

 

Unión Progresista de Fiscales

 

Asoción profesional independiente de Fiscales

 

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