La tasa de jueces por habitante en España es una de las más bajas de la Unión Europea, alrededor de 12 por cada 100.000 habitantes, teniendo en cuenta los incorporados hasta el 1 de enero de 2016 (la media en la Unión Europea oscila en torno al 21). La insuficiencia de Jueces es uno de los factores más importantes que inciden en el mal funcionamiento de la Justicia.
Esta situación, que constituye un problema endémico de la Administración de Justicia en España, se ha visto agravada por los recortes producidos en los últimos años como consecuencia de la crisis económica, que en Justicia se han traducido en la reducción de convocatorias de plazas de Juez y de creación de órganos judiciales.
Las cuatro Asociaciones Judiciales venimos reclamando, como una de las prioridades básicas en materia de Justicia, la creación de nuevas plazas, y, aun siendo conscientes de la problemática suscitada por la existencia de un Gobierno en funciones, entendemos que no debe ser obstáculo a tales efectos, dado que la creación ya se contempla en la Ley General de Presupuestos para 2016 y, en caso de aguardar a la constitución de un nuevo Gobierno, sobre todo si se convocan nuevas elecciones, existen serias posibilidades de que no llegaran a crearse y ponerse en funcionamiento este año, dado que, con posterioridad a la aprobación y publicación de la norma, aún debe procederse a la dotación de medios y a la provisión y cobertura de las plazas.
De ahí que se hayan mantenido conversaciones con la mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, de cara a propiciar un acuerdo común que permitiera desbloquear esta situación. Dichas conversaciones se han materializado en la presentación, el pasado jueves
31 de marzo, de una proposición no de ley por parte del grupo de Ciudadanos, encaminada a instar la creación de nuevas plazas judiciales.
Somos conscientes, a la vista de la situación y de los tiempos políticos, de las dificultades para que prospere esta propuesta, pero la promovemos y apoyamos porque tenemos la convicción de que se trata de una cuestión de Estado que debe estar por encima de las diferencias ideológicas y de partido y con la esperanza de que así sea entendida por los partidos políticos.

En Madrid a 4 de abril de 2016.

Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
Asociación Jueces Para la Democracia
Asociación Foro Judicial independiente

La elaboración de un Código Ético sólo tiene sentido cuando su necesidad surge de los propios profesionales a los que afecta, los cuales, para dar respuesta a esa necesidad, se comprometen voluntariamente a cumplirlo. Son notas esenciales del mismo por ello el carácter voluntario de su exigencia, siendo asumido como compromiso institucional con la excelencia de la profesión y como instrumento para fortalecer, en el caso de los Jueces, la legitimación del Poder Judicial mediante el establecimiento de unas reglas de conducta que van más allá de las exigencias disciplinarias, tal y como se desprende del propio Código Iberoamericano de Ética Judicial y Los Principios de Bangalore.

Los Jueces españoles hoy por hoy no perciben como un problema importante la falta de un Código Ético. No hay disfunciones graves y generalizadas en su conducta y existe ya un régimen disciplinario riguroso y que se aplica con rigor. No tiene mucho sentido dedicar esfuerzos a una tarea que no responde a ninguna carencia, y dejar sin abordar los graves e importantes problemas que sí afectan a la Justicia en España en la actualidad. La encuesta formulada a los miembros de la carrera judicial por la Comisión creada por el CGPJ para la elaboración de un código ético, puso de manifestó el nulo interés en la elaboración de un Código Ético, dada la escasísima participación que tuvo la misma, resultados que no han sido comunicados a los miembros de la carrera judicial.

A pesar de ello el CGPJ persiste en su idea de crear por su cuenta un Código Ético que no respondería a una demanda de los Jueces y que tendría más el carácter de criterios de referencia para actuaciones disciplinarias establecidos por el órgano de gobierno de los Jueces que el de normas de conducta aceptadas por los propios Jueces. El CGPJ no es un órgano de representación de los Jueces, sino de gobierno, y como tal no tiene legitimidad para elaborar un Código Ético, siendo su competencia exclusivamente la de aplicar y completar el régimen disciplinario.

Régimen disciplinario que actualmente presenta numerosas deficiencias, tanto en su formulación normativa como en los órganos que lo aplican. En su formulación normativa, por la imprecisión de los tipos, lo que genera inseguridad jurídica, lo desfasado de alguno de ellos, la falta de tipificación conductas que sí son censurables y la escasa proporcionalidad que permiten las sanciones. En los órganos que las aplican, por la falta de experiencia en relación con los órganos que inspeccionan y por tener como objetivo el comprobar números y cuadrar estadísticas, y no determinar la calidad de la Justicia que se administra. Más valdría estudiar los problemas que plantea el actual régimen disciplinario que dedicar inútiles esfuerzos a elaborar un Código Ético que nadie reclama.

Por todo ello manifestamos nuestra total oposición a la elaboración en este momento de un Código Ético prescindiendo de la opinión de la carrera judicial. Y desde luego, en todo caso, nos oponemos a que, tal y como se pretende por algún sector de la Comisión, se diseñe y se defina la figura de Juez, o a que en la redacción del Código intervengan profesionales ajenos a la carrera judicial, lo que equivaldría a que las normas éticas se nos impusieran por otros profesionales, situación por completo anómala, en cuanto que no tiene antecedentes en otras profesiones.

No obstante, seguiremos teniendo presencia en las comisiones creadas al efecto en el CGPJ precisamente para defender esta postura y evitar lo que a todas luces no es otra cosa que la pretensión de endurecer el actual régimen disciplinario.

Madrid, a 16 de marzo de 2.016

La Comisión Gestora Nacional

La separación de poderes constituye la esencia del Estado de Derecho, y sólo puede hablarse verdaderamente de su existencia, con instituciones que garanticen que esa división sea efectiva. De entre los tres poderes de todo estado moderno, el judicial tiene entre sus funciones la de garantizar el control de las eventuales desviaciones de poder que puedan darse por parte del ejecutivo, e incluso someter a consideración determinadas leyes y actuaciones del Legislativo ante TC. Por ello, se hace imprescindible dotar al Poder Judicial de la máxima independencia en el ejercicio de su función.
El diseño del legislador constituyente, respondía a estos principios, estableciendo un órgano de gobierno, al que se atribuye competencia expresamente en aquellas materias en las que pudieran darse indeseables injerencias por los otros poderes del Estado, como son nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Igualmente se estableció que tal órgano estaría integrado por un número de 20 miembros, de los cuales únicamente 8 debían ser elegidos por el Congreso y por el Senado, como depositarios de la soberanía nacional. Sin embargo, desde el desarrollo de tal diseño por la Ley Orgánica del Poder Judicial, el poder legislativo se arrogó la facultad de designar los 20 vocales del órgano, lo que sin duda supuso una injustificada merma de las garantías que, a todas luces, pretendió dar el legislador constituyente a la independencia judicial.
La ciudadanía, y con ella la Carrera Judicial, está expectante ante la tan anunciada regeneración democrática que desde la pasada campaña electoral han venido defendiendo los distintos partidos políticos. Resulta decepcionante comprobar como, una vez más, las fuerzas políticas no asumen de forma explícita la reforma del sistema de designación de los miembros del CGPJ, devolviendo a la Carrera Judicial la posibilidad de elegir los 12 miembros de origen judicial, que prevé la Carta Magna como integrantes de su órgano de gobierno. Tal reforma se hace indispensable para trasladar a la ciudadanía la superación de una indeseable etapa en la que la elección de los integrantes del CGPJ por parte del Poder Legislativo, ha generado la imagen de una justicia politizada.
Las cuatro asociaciones firmantes del presente comunicado, desde las distintas sensibilidades que en ellas concurren, pero bajo la firme convicción de que no hay verdadero Estado de Derecho sin una adecuada separación de poderes, demandan de quienes están llamados a formar Gobierno y a iniciar esta nueva legislatura, que acometan las reformas necesarias para regenerar la justicia, considerándose como esenciales la modificación de la LOPJ, a fin de que los 12 miembros del CGPJ, pertenecientes a la Carrera Judicial, sean elegidos por quienes ejercen funciones jurisdiccionales así como la dotación de autonomía presupuestaria de este órgano.
En Madrid, a 29 de febrero de 2016
D.

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