Por Ángel Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza

(Publicado en Heraldo de Aragón)

En una  reciente y novedosa jornada de formación jurídica organizada por el  Tribunal Superior de Justicia de Aragón,  para 200 jueces y secretarios de juzgados de paz en Zaragoza fue un orgullo presenciar la conferencia de la Magistrada Encargada del Registro Civil de Zaragoza Carmen Canfran, espléndida en sus explicaciones  y con un cariño en sus palabras y disposición a aclarar cualquier duda en sala y por correo electrónico, que evidencian la vocación de servicio público que tiene, reflejo fiel de lo que son los funcionarios públicos del actual Registro Civil en nuestra Ciudad y en todos los municipios aragoneses.

El auditorio estaba formado por profesionales acostumbrados a diario a inscribir nacimientos, defunciones, expedientes de  matrimonios y nacionalidad, cambios de nombre, así como a atender a ciudadanos nacionales y extranjeros. Con todo ello, la complejidad de las cuestiones planteadas son de tal envergadura que no comprendo su cesión a los Registradores Mercantiles ( neófitos en esta materia y muy buenos en los actos inscribibles privados), desaprovechando la profesionalización secular del actual Registro Civil y su incardinación natural  con los Juzgados de Paz, en sede de Administración de Justicia. Además, justificaríamos y reforzaríamos  la labor social de la justicia de paz en el Siglo XXI, asentando servicios públicos en municipios y comarcas.

No quiero esconder el gran número de quejas ciudadanas ante el actual servicio y que su funcionamiento es manifiestamente mejorable; pero no se deben a lo que se quiere vender como ineficacia de los servidores públicos. Las causas se centran, principalmente, en la necesaria mejora de los sistemas informáticos y la falta de medios materiales y personales. En Zaragoza, desde hace 10 años soportamos una carga de trabajo que requería el segundo RC exclusivo, pero el Ministerio de Justicia ha ido dejando que se deteriore el sistema para justificar su externalización, con una anunciada gratuidad inicial, pero que justificarán en muy poco tiempo  la fijación de tasas o aranceles  para garantizar, ahora sí, la viabilidad, eficacia y eficiencia del pretendido nuevo RC en manos de los Registradores.

Como afirma Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española “…es necesario un Registro Civil  electrónico y gratuito para los ciudadanos. Se mantienen las dudas sobre su privatización encubierta y el coste añadido que puede suponer para los ciudadanos. Debemos tener un RC único para toda España, de carácter electrónico, dependiente del Estado y no administrativo ni privatizado. Un registro individual de folio personal informatizado único, accesible de forma gratuita para todos los ciudadanos y que mantengan los actuales puestos de trabajo público”.

Abogo porque el 15 de julio de 2015 se vuelva a prorrogar la actual situación de vacatio legis por quinto año y se inicie una reflexión y debate abiertos y transparentes entre Ministerio de Justicia y CCAA con competencias de justicia, Jueces, Secretarios Judiciales, sindicatos de funcionarios, abogados y asociaciones de consumidores, en el prime el interés general público y  que el perjudicado no sea el ciudadano.

 

Mi propuesta sería: La Ley 20/2011 del Registro Civil ordena la desjudicialización del RC, pero no establece la encomienda de gestión de encargar su llevanza al Colegio de Registradores. Por tanto,  aprovechemos lo que tenemos y que el Secretario Judicial y los actuales funcionarios públicos de justicia, expertos en la materia, sigan llevando el servicio  en perfecta coordinación con las agrupaciones de las Secretarias de los juzgados de paz. Los recursos ante la calificación del RC deben mantenerse en la jurisdicción civil ordinaria por garantía jurisdiccional. Se ha de garantizar por ley  su gratuidad y acometer su modernización con   los medios técnicos y personales  necesarios para conseguir un REGISTRO CIVIL DEL SIGLO XXI.

En Zaragoza, a 20 de abril de 2015.

 

 

Reforma y regeneración

Por Ángel Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza

(Publicado en Heraldo de Aragón, 13 de abril de 2015)

BAJO el sugerente título ‘Diez propuestas para mejorar la calidad de la democracia en España. Informe Funciva’, la Fundación Giménez Abad organizó una jornada de reflexión sobre representación política, reforma constitucional y regeneración democrática. Intentaré dar a conocer una serie de reflexiones de catedráticos de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, porque la sociedad necesita ‘el saber de los sabios’.

Ante la desafección ciudadana a los políticos, que no a la política, la crisis de confianza en las instituciones, la crisis de la representación parlamentaria, la percepción de corrupción y la aparición de demagogias populistas, se plantea un diagnóstico de lo que no funciona o lo hace deficientemente y se debaten posibles soluciones. La tesis planteada es la reforma constitucional como instrumento de defensa de la Constitución de 1978, por la vía del artículo 168, a través de una operación limitada a lo que no funciona, pero manteniendo los elementos esenciales del sistema democrático: garantía de derechos fundamentales y libertades públicas, separación de poderes y la indisoluble unidad de la Nación Española.

Frente a tesis inmovilistas (en tiempo de tribulaciones mejor no hacer mudanza) y a la idea de que no se dan condiciones de consenso, el profesor Javier Tajadura plantea el consenso como punto de llegada y no como punto de partida, como sucedió durante la Transición.

El informe Funciva efectúa un diagnóstico de la crisis constitucional y entiende que hay una crisis subjetiva de la representación política: oligarquización de los partidos políticos y colonización de las instituciones.

Nuestro querido catedrático Manuel Ramírez señalaba que la Constitución atribuye a los partidos políticos una posición hegemónica y se ha transformado en imperialista. En los últimos años decía que estamos gobernados por la partitocracia y la profesionalización de los políticos ha impedido la renovación generacional.

Dentro de la limitación espacial de este artículo, enuncio una serie de propuestas para su debate:

1.- Reducción o disminución de los defectos detectados, con una democracia interna y participativa de los ciudadanos en los partidos. Devolver el protagonismo al debate político en el Parlamento a través de la reforma de sus reglamentos.

2.- Cambios en la legislación electoral: confección de listas, limitación de mandatos, no a puertas giratorias, representación, participación de electores, consultas vinculantes, campañas cortas. Adaptación del sistema electoral alemán, con una representación mayoritaria fija y otra proporcional variable.

3.- Separación de poderes. La Justicia es independiente a pesar del Consejo General del Poder Judicial, que está politizado por la distribución de cuotas partidistas. En momentos como los actuales es más importante que nunca que funcionen los juzgados y tribunales como última garantía de los derechos de los ciudadanos. Debería garantizarse el número de jueces necesarios para la carga de trabajo existente. Autonomía presupuestaria para el Consejo y la Fiscalía General del Estado, sin vinculación al Gobierno.

4.- El Senado se ha convertido en cámara de ‘dinosaurios políticos’ y no ha cumplido el papel de representación territorial diseñado. Para seguir como hasta ahora sería mejor eliminarlo.

5.- Reforma de las Administraciones Públicas. El Título VIII de la Constitución y el Estado de las Autonomías no se resolvieron adecuadamente durante la Transición y han de replantearse, porque con sus duplicidades e instituciones ineficaces nos están llevando a la insostenibilidad del sistema.

6.- Las Autoridades Independientes (Banco de España, Frob, CNMV,

Comisión Nacional de la Energía, Autoridad Fiscal Independiente) deben estar presididas por la idea de la defensa de los intereses generales y, partiendo de su legitimación parlamentaria, han de estar caracterizadas por la imparcialidad y la independencia. Sus directores han de ser elegidos entre ternas de candidatos profesionales, idóneos y con componente internacional, si son los mejores.

7.- La Ley de la Transparencia y la mejora de la calidad democrática. Se ha planteado por la vía del art. 105 de la «acceso de los ciudadanos a los archivos públicos», cuando lo ideal sería un refuerzo constitucional por la vía de derecho fundamental (art. 23, derecho de participación, o art. 21 información y opinión pública informada) y con escasas limitaciones, derivadas de secretos oficiales y seguridad pública nacional.

En un año de elecciones es imprescindible que el debate político sobre ideas de reforma para la regeneración democrática sea el eje de las campañas electorales.

 Conclusión: debemos reivindicar que el consenso no sea un punto de salida sino punto de llegada. Si nuestros constituyentes tuvieron esa grandeza de miras durante la Transición democrática, los ciudadanos del siglo XXI debemos regenerar nuestra democracia para garantizar un Estado de bienestar social a nuestros descendientes.

           El pasado 9 de enero, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE presentó en el Registro del Consejo General del Poder Judicial una carta donde recordamos a nuestro órgano de gobierno la necesidad de que se proceda a regular el régimen jurídico de los jueces en prácticas que, en muy breve plazo, comenzarán la fase de “sustitución y refuerzo”, creada por la última reforma de la LOPJ, en apoyo además de las peticiones que los Delegados de la 66 Promoción han dirigido en este mismo sentido. Por si resulta de vuestro interés, os adjuntamos el texto de la carta:

            Excmo. Sr.

           El pasado mes de noviembre de 2014, los dos Delegados de la Escuela Judicial, actuando en representación de sus compañeros de la 65ª Promoción de la Escuela Judicial, presentaron ante el registro del Consejo General del Poder Judicial, escrito por el que solicitaban a nuestro órgano de gobierno que procediera a la modificación del Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, a fin de incluir en el mismo un capítulo específico, en el que se contenga el régimen jurídico de los jueces en prácticas, durante la fase de sustitución y refuerzo que obligatoriamente deben llevar a cabo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 307.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (tras modificación operada por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia).

En su momento, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE mostró su rotunda oposición a que la reforma de la LOPJ creara esta insólita e inadmisible fase de “sustitución y refuerzo”, en la que Jueces en prácticas se ven obligados a asumir con su nombre y con su firma toda la responsabilidad de las decisiones que tomen en el Juzgado que se les encomiende, pero sin embargo se hallan aún bajo la supervisión y evaluación de la Escuela Judicial, situación más que dudosamente compatible con el principio constitucional de independencia judicial, y la pretendida “amplitud en el ejercicio de la jurisdicción” que pregona el artículo 307.4 LOPJ.

Sin embargo, ante la cercanía de la finalización de la fase de prácticas tuteladas de esta promoción, y el hecho cierto de que la siguiente fase de “sustitución y refuerzo” aún carece de un adecuado régimen jurídico, la Comisión Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente ha acordado, por un lado, reiterar su apoyo y conformidad con las peticiones contenidas en el escrito presentado por los Delegados de la 66ª Promoción de la Escuela Judicial, y, por otro, dirigir el presente escrito al Consejo General del Poder Judicial, a fin de recordar que esta cuestión sigue pendiente y es imprescindible que esta Promoción pueda contar, al menos, con de un mínimo de seguridad jurídica durante el desarrollo de esta fase de “sustitución y refuerzo”. En concreto, es necesario resolver cuestiones básicas relativas al régimen jurídico de los Jueces en prácticas, entre las que podemos destacar:

a)     Desarrollo de esta fase de sustitución y refuerzo en Juzgados preferentemente de orden civil o penal, en las provincias prioritariamente señaladas por los Jueces en prácticas a fin de conciliar en la medida de lo posible la vida familiar y laboral, y con una duración que no exceda del mínimo de cuatro meses previsto por el artículo 307.4 LOPJ.

b)     Evaluación del desempeño y dedicación de los Jueces en prácticas, de manera que no se produzca de facto una vulneración del principio de independencia judicial.

c)      Retribución acorde con la responsabilidad que supone para los Jueces en prácticas el ejercicio de la jurisdicción con la misma amplitud que el titular del órgano judicial, incluyendo naturalmente el complemento de destino correspondiente.

Resulta evidente la trascendencia que todas estas cuestiones tienen para el régimen jurídico de los Jueces en prácticas; por ello, a juicio de la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, es preciso que, con urgencia, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de la potestad reglamentaria que la LOPJ le confiere, proceda a su regulación, a fin de evitar que la fecha de inicio de esta fase de “sustitución y refuerzo” se aproxime, y los compañeros de la 65ª promoción sigan sin conocer a qué atenerse.

            En Madrid, a 9 de enero de 2015.

Fdo. Don Conrado Gallardo Correa
            Presidente de Foro Judicial Independiente.

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