COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE ANTE LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA, ALBERTO RUIZ GALLARDÓN

En el día de hoy, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado la dimisión de su cargo, tras la retirada por parte del Gobierno del proyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada. Ante esta importantísima noticia, la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE desea emitir el siguiente comunicado dirigido a la Carrera Judicial, y a la opinión pública en general:

1) En el día de la dimisión del Ministro, corresponde hacer balance de su gestión, y, a juicio de esta asociación, éste no puede ser sino profundamente negativo. Nunca un Ministro de Justicia despertó mayores expectativas en su toma de posesión y, desgraciadamente, nunca fue mayor la decepción ni más grave el daño causado a la división de poderes y la independencia del Poder Judicial en España.

En su toma de posesión, el Sr. Ruiz Gallardón planteó un programa reformista, con el que pretendía, según sus propias palabras, “atajar las deficiencias estructurales” de la Administración de Justicia en España, así como ”acabar con la percepción de politización del Poder Judicial que tienen los españoles”, por medio de la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, regresando al espíritu de la Constitución, de manera que doce de sus veinte miembros sean elegidos por y entre Jueces y Magistrados.
Como por todos es sabido, estas promesas nunca llegaron a cumplirse. En flagrante incumplimiento de su programa electoral, y del compromiso asumido ante el Congreso de los Diputados, el Sr. Gallardón impulsó la promulgación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que profundiza aún más y perpetúa el sistema de designación política de los vocales, facilitando en grado sumo que los partidos políticos mayoritarios puedan disponer de un número suficiente de candidatos a vocales del CGPJ que sean de su  agrado, al tiempo que además reduce sustancialmente las competencias de este órgano, hasta reducirlo al rango de una dependencia o prolongación del propio Ministerio de Justicia.

Las reformas y proyectos de ley impulsados por el Ministerio de Justicia durante la etapa del Sr. Gallardón han merecido la reprobación y unánime opinión negativa de todos los profesionales que participan en la Administración de Justicia. A ello contribuyó en gran medida la actitud autoritaria y la nula predisposición al diálogo y la negociación del ahora dimitido. Nunca un Ministro de Justicia fue capaz de aglutinar en contra de su gestión a todas las asociaciones judiciales, de fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de justicia, abogados, procuradores, y los propios ciudadanos, a los que, en su condición de usuarios de la Administración de Justicia, gravó con desproporcionadas y elevadísimas tasas judiciales.

El balance de la gestión como Ministro del Sr. Ruiz Gallardón es una suma de nefastas leyes y proyectos de ley fracasados. A la ya citada reforma del Consejo General del Poder Judicial, se unió una reforma del sistema de sustituciones entre Jueces y Magistrados, que vino a suponer en la práctica la reducción de aproximadamente mil jueces sustitutos que venían trabajando en nuestros Juzgados y Tribunales, con el consiguiente aumento del tiempo de resolución de los pleitos. En lugar de aumentar la inversión en Justicia, se procedió por esta vía a reducir aún más el número de Jueces de nuestro país, ya de por sí por debajo de la media de la Unión Europea. Se limitó dramáticamente el acceso a la Justicia de los ciudadanos a través de las tasas judiciales. Se dejan nuevamente sin resolver, cuestiones tan importantes como el Registro Civil, que queda en una lamentable situación de incertidumbre e improvisación, o la nueva Planta y Demarcación Judicial, la reforma del Código Penal con la anunciada implantación de la prisión permanente, la jurisdicción voluntaria, la reforma del sistema de instrucción penal, la reducción del número de aforados…y finalmente, la reforma de la regulación en materia de interrupción del embarazo.

En suma, a la vista de lo hasta ahora expuesto, no es aventurado afirmar que, con la dimisión de Gallardón, se produce la salida del que ha sido el peor Ministro de Justicia de la democracia.

2) Con la dimisión del Sr. Ruiz Gallardón, se abre una nueva etapa en el Ministerio de Justicia. Desde la asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE confiamos en que la llegada de un nuevo Ministro pueda suponer un aire nuevo y un talante distinto del que su anterior titular mantuvo durante su mandato. Nuestra asociación está dispuesta a colaborar en cualquier actividad que pueda suponer un avance en la defensa de la independencia judicial y el estatuto profesional de los Jueces y Magistrados. Del nuevo equipo ministerial, y de su voluntad de superar la actitud autoritaria de su predecesor y rectificar las gravísimas políticas desarrolladas durante los últimos años, dependerá que el enorme daño infligido a la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial puede alguna vez ser reparado.

La Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente.

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Tres asociaciones judiciales anuncian medidas de protesta si Gallardón no
retira la nueva Ley del Poder Judicial
Piden a Lesmes que aclare si participó en la redacción del borrador y acusan
al Gobierno de querer jueces “silenciosos y calladitos”
MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Todas las asociaciones judiciales, salvo la mayoritaria y conservadora
Asociación Profesional de la Magistratura, han anunciado que llevarán a cabo medidas de protesta si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no retira la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que elimina los
jueces ‘estrella’ y “amordaza” a los magistrados para que no valoren los
casos de actualidad en los medios de comunicación.
Las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro
Judicial Independiente han hecho este martes una crítica valoración al
anteproyecto de ley y a la futura “privatización” del Registro Civil, al
tiempo que han lamentado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
haya actuado como “correa de transmisión” de los partidos políticos y no en
defensa de los intereses de la judicatura y los ciudadanos.
“Es una reforma muy negativa que forma parte del ‘estilo Gallardón’, que
consiste en generar actuaciones improvisadas, poco rigurosas técnicamente, que no resuelven los problemas reales y que solo sirven para proyectar su imagen pública”, ha denunciado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD).
Bosch también ha emplazado al presidente del órgano de gobierno de los
jueces, Carlos Lesmes, a aclarar si participó en la redacción de los
primeros borradores de la Ley del Poder Judicial de Gallardón porque, de ser así, tendría que haberse abstenido en el informe del CGPJ al respecto.
Las organizaciones de jueces y magistrados han cuestionado así las
principales medidas del anteproyecto. En concreto, han advertido de que los tribunales colegiados “estancarán” la investigación de la corrupción
política o la delincuencia económica y harán imposible la instrucción de
casos como los ERE o Nóos en las condiciones actuales.
“Se convierte a los juzgados en el camarote de los hermanos Marx. Es un
intento de boicotear la instrucción de casos sensibles”, ha indicado el
portavoz de Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, mientras que el
representante del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, ha considerado que se está produciendo una “involución democrática en laAdministración de Justicia”.
Todos han arremetido contra la ‘mordaza’ a jueces y sus asociaciones. “El
Gobierno pretende que haya unos jueces silenciosos, aislados de la sociedad
y manda el mensaje de que tienen que estar calladitos en sus casas o en sus
despachos poniendo sentencias”, han dicho.

“UNA REFORMA EN BARBECHO”
Por otra parte, se han mostrado a favor de reformar la organización
judicial que fue diseñada en 1870, pero han enfatizado que esto no significa
su supresión. A su juicio, el mapa de juzgados establecido en el
anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial supone una “reforma en
barbecho” puesto que no ha venido acompañada de una memoria económica y la Ley de Planta y Demarcación necesaria para implementarla se ha dejado para otra legislatura.
“Es una ley en barbecho que lo único que puede producir son perjuicios
para los ciudadanos”, ha indicado Sexmero, antes de criticar que se suprima
a los jueces decanos y las juntas de jueces basados en la elección
democrática por parte de los magistrados a favor de un “sistema
presidencialista al gusto de Gallardón”.

En este contexto, han criticado que el último Consejo General del Poder
Judicial es “la punta del iceberg” en la politización de la Justicia,
estando “teledirigido por el Gobierno” con vocales que están dentro de la
“correa de transmisión de los partidos políticos” y no defienden los
intereses profesionales de la Carrera. “El presidente se ha convertido en el
verdadero órgano director que hace y deshace”, ha remachado Sexmero.
Asimismo, las asociaciones judiciales han advertido de que la
jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo dará lugar a que el Derecho
“se encorsete” y se vea abocado a la “parálisis”. Además, se han opuesto al
sistema de selección basado en que los jueces deban superar una “nueva
oposición” para ostentar determinados cargos judiciales porque “no es
compatible con una carrera horizontal”.
Para las asociaciones, el Gobierno desapodera de competencias a los
jueces y le va “aislando en un despacho sin conexión con la Oficina Judicial
y la sociedad”. Además, han subrayado que dificilmente se mantendrá la
gratuidad del Registro Civil.

COMUNICADO CONJUNTO DE ASOCIACIONES JUDICIALES

Las Asociaciones Judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, con absoluto respeto institucional al Poder Ejecutivo y Legislativo, en relación al Anteproyecto  de LOPJ del Consejo de Ministros  4 de abril de 2014, habiendo remitido sendos informes al Consejo General del Poder Judicial, quieren dar a conocer a la sociedad española la siguiente denuncia:

1.      La reorganización del sistema judicial en España con  la demarcación judicial provincial y la supresión de los partidos judiciales aleja a los ciudadanos de la justicia.

2.      Incrementa el número de aforados, en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos. Cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial.

3.      Como dice el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo  dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá  la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad.

4.      La limitación de la libertad de expresión de los jueces  y de las Asociaciones Judiciales resulta gratuita,  innecesaria y sin justificación razonable. Refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía.

5.      Se procede a la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado  y controlado por el Consejo General del Poder Judicial.

6.           La jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado y puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y en último termino del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de lo vocales de aquel órgano.

     En Madrid, a 8 de junio de 2014.

        ASOCIACION DE JUECES
        FRANCISCO DE VITORIA

        JUECES PARA LA DEMOCRACIA

        FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

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