COMUNICADO CONJUNTO DE
ASOCIACIÓN de Jueces y Magistrados FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE

En Madrid, a dos de abril de 2014.

Reunidos, en la Sala de Prensa de  Plaza de Castilla por la Asociación Francisco de Vitoria Marcelino Sexmero  e Ignacio de Torres; por Jueces para la Democracia Ximo Bosch y por Foro Judicial Independiente Ángel Dolado, comunicamos a la Carrera Judicial:

Nos hemos reunido nuevamente las tres asociaciones judiciales (APM ha excusado  invitación y asistencia por razones de operatividad de su asociación) en un intento de reactivar lo que fueron la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) y la Comisión Interasociativa de Conflicto (CIC) para intentar llegar a acuerdos en temas que nos preocupan desde hace tiempo y  dar respuesta a lo que tenemos y a lo que se nos avecina, con grave quebranto de los principios de independencia judicial y separación de poderes y perjuicios para la Administración de Justicia.

Los ACUERDOS  son los siguientes:

1.- Reiteramos el rechazo a la forma en que se ha desarrollado el proceso de renovación del nuevo CGPJ. En estos tres meses se ha evidenciado el exceso de presidencialismo, la disminución de competencias esenciales para defender la independencia judicial y reivindicar mejoras en la Administración de Justicia, así como la anunciada sumisión y  dependencia del Ministerio de Justicia.

2.- Seguimos mostrando nuestro descontento ante el tiempo transcurrido desde las declaraciones de 17 de marzo de 2014 del Presidente del CGPJ, sin que haya dado aclaración o rectificación pública alguna, por lo que manifestamos nuestra reprobación absoluta al fondo y a la forma de tales declaraciones, que perjudican y dañan la imagen de los miembros de la Carrera Judicial.

3.-  La solución dada por la Comisión Permanente del CGPJ a las promociones 63 y 64, en expectativa de destino, con sucesivos concursos de traslado no sirven para dar una respuesta positiva y de estabilidad a los compañeros/as y hará muy difícil la conciliación de su vida laboral, personal y familiar.

Además, consideramos imprescindible que el CGPJ  exija y reivindique ante el  Ministerio de Justicia la urgente creación de plazas judiciales para ir aproximándonos a la ratio europea de jueces/población, máxime teniendo en cuenta la situación generada con la práctica supresión de los jueces sustitutos, sin la correlativa creación de plazas de jueces profesionales.

4.- Interesamos del Ministerio de Justicia que proceda a convocar la Comisión Mixta prevista por la D.A. 1ª de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, que la establecía cada cinco años. Anunciamos, ante un eventual acto administrativo por silencio negativo, la interposición CONJUNTA de recurso contencioso administrativo.

5.- Hemos firmado las tres asociaciones y lo haremos llegar a APM para su firma, como en años precedentes, la solicitud  al CGPJ para la elaboración de los listados necesarios sobre  retribuciones variables de 2013 y que sean remitidos al Ministerio de Justicia para el pago de dichas variables conforme a los criterios acordados y aplicados desde 2010 hasta 2012.

6.- Proponemos que, ya sea  a través de las Salas de Gobierno de los TSJ o por medio de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, se proceda a la designación de delegado/a o coordinador/a en temas de conciliación, como nos consta ya los hay en el TSJ de Extremadura y Aragón.

7.- Reiteramos nuestra preocupación por los intentos de privatización del Registro Civil, ya que deber seguir siendo un servicio público gratuito y no puede afectar ni perjudica los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, con la indefinición ministerial y a escasas fechas del 22 de julio de 2014, la intranquilidad y desasosiego de los Magistrados/as Encargados del Registro Civil es evidente porque desconocen su inmediato o  mediato destino profesional.

8.- Las Asociaciones firmantes nos comprometemos a reuniones periódicas  con grupos de trabajo compuestos por  miembros de cada una, para preparar alegaciones a los anteproyectos de ley de TTII y resto de LOPJ, que se anuncian para próximos Consejos de Ministros, en breves fechas y  su futura  aprobación en esta legislatura.

 A las nefastas reformas de LOPJ que venimos sufriendo, puede unirse la tercera que cierre el círculo de lo que está suponiendo uno de los mayores ataques a la independencia judicial y a la separación de poderes en la etapa democrática, sin descartar la adopción de medidas públicas que evidencien ante los ciudadanos  los perjuicios  que están acarreando a la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza, presidente Foro Judicial Independiente:
“Sin una inversión económica importante y más jueces la reforma de la LOPJ será inviable”
MADRID, 08 de MARZO de 2014 – LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 
Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza, presidente Foro Judicial IndependienteLa carrera judicial clama contra las reformas de la LOPJ que conocimos este viernes. Salvadas sus diferencias a nivel asociativo, tres entidades como son “las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente se reunieron hace unos días para intentar reactivar la Comisión Interasociativa de Conflicto y dialogar sobre la profesión en un momento en que las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, provocan un “grave quebranto” a los principios de independencia judicial y separación de poderes. “En este contexto cada asociación designará a varios miembros de cada una de ellas para poner en conjunto las bondades y críticas de esta reforma legislativa que plantea el Ministerio y que es de gran calado” explica Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza y presidente del Foro Judicial Independiente, entidad creada hace diez años en el panorama judicial. Con él analizamos las claves de esta reforma que busca una mejor reorganización de los tribunales y una mayor independencia de los jueces. “Hay una gran preocupación con esta reforma si se llevara a cabo tal y como está planteada. Se percibe un intento de controlar la Audiencia Nacional y sus posibles jueces díscolos a través de la instrucción colegiada que indica la reforma,” comenta. A su juicio esta gran reforma necesita de una inversión importante y de jueces para llevarla a cabo con garantías.

En primera persona
“Las tres asociaciones mostramos nuestra preocupación por el intento de “privatizar” el Registro Civil y hemos advertido de que la “indefinición” del Ministerio a escasas fechas de que entre en vigor el próximo julio la reforma del Gobierno socialista aumenta la “intranquilidad y el desasosiego” de los magistrados encargados de este servicio.
Hemos firmado un acuerdo conjunto en el que tildan de “nefastas” las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre ellas el anteproyecto presentado el pasado viernes que, a nuestro juicio, cierra el “círculo” del ataque que está sufriendo la independencia de los magistrados.
Las asociaciones judiciales mostramos el “rechazo” al proceso de renovación del último Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que evidencia un “exceso de presidencialismo”, una disminución de competencias para defender su independencia y reivindicar mejoras en la Justicia, así como una “sumisión y dependencia al Ministerio de Justicia
Además, expresamos el descontento por que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, no haya dado ninguna “aclaración o rectificación pública” sobre las declaraciones en las que afirmaba que a los jueces se les controlaba con palo y zanahoria.”
Este es el motivo por el que conversamos con Ángel Dolado, presidente de Foro Judicial Independiente, decano de Zaragoza y uno de los impulsores de la iniciativa sobre la más inminente actualidad judicial

Sr. Dolado, ¿Cuál es escenario de la carrera judicial en estos momentos?
Celebramos el pasado 2 de abril Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial independiente una primera reunión. Nuestra idea es estudiar a fondo los 323 folios de la LOPJ para elaborar diferentes documentos de trabajo.
En este contexto cada asociación designará a varios miembros de cada una de ellas para poner en conjunto las bondades y críticas de esta reforma legislativa que plantea el Ministerio y que es de gran calado.
A su vez, sabemos que muchas Juntas de Jueces también van a hacerse con el texto con el ánimo de realizar el informe correspondiente sobre esta reforma. Es necesario conocer que piensa la carrera judicial de estos cambios que plantea el Ministro Gallardón.

De los cambios que se plantean en la LOPJ, ¿qué es lo que menos gusta a los jueces españoles?
Hay una gran preocupación con esta reforma si se llevara a cabo tal y como está planteada. Se percibe un intento de controlar la Audiencia Nacional y sus posibles jueces díscolos a través de la instrucción colegiada que indica la reforma.
De hecho los jueces decanos nunca hablamos en estos términos, y si de un refuerzo por si hiciera falta responder a la carga de trabajo sin menoscabar la independencia de los jueces.
La instrucción debe ser un procedimiento sencillo. Tres jueces tendrían que deliberar, escucharse algún voto particular… Y lo peor de todo es que no se han puesto los medios que se han pedido: peritos, contables, inspectores de Hacienda o de trabajo directamente nombrados por los Jueces.
Tampoco se ha mejorado la cooperación internacional ni las comisiones rogatorias. Ni limitado el número de recursos a resoluciones interlocutorias, cuando es sabido que los abogados cuando recurren lo hacen a todo y así retrasan la instrucción cuando le vengan en gana.

También llegan los Tribunales de Instancia, como remedio para mejorar la carga de trabajo los juzgados ordinarios…
Es una iniciativa que ya está en países como Francia o Alemania. Nuestro temor es por la dirección de los tribunales. Desaparecen los decanos elegidos democráticamente y colocan a dedo desde el CGPJ o el propio Ministerio a 50 presidentes nuevos.

Lo que llama la atención es que esta reforma de la LOPJ no haya venido acompañada de forma simultánea de la Ley de Demarcación y Planta, ambas son complementarias.
Desde luego que llama la atención la falta de sincronía. Ya pasó con la Oficina Judicial que ha quedado a medidas. Parece que el Ministro quiere pasar a la posteridad como el profesional que modernizó los tribunales..
Pero tiene que darse cuenta que esta reforma necesita de mucho dinero. Nadie sabe de la memoria económica de la LOPJ. Además nos consta que las CCAA con competencias transferidas no han sido escuchadas en esta reforma. Y son clave en un país con tanta justicia transferida en estos momentos.
Se improvisa demasiado en Justicia en nuestro país. Así sucede con el futuro del Registro Civil con una ley que entra en vigor en julio de este año y aún no sabemos quien va a gestionar este servicio público y de qué forma.
Los jueces decanos hemos hablado de los Tribunales de Instancia desde hace cuatro años pero no de esta manera. Se apuesta más por el control de los propios jueces que por una reorganización efectiva de los mismos.

En este contexto, se habla del juez carrera por encima de todos y se obvia que hay 1500 jueces sustitutos bien preparados fuera de la profesión…
El juez de carrera es una buena elección. Lo que no se entiende es no aprovechar el buen hacer de estos profesionales, jueces y fiscales sustitutos, a los que se les iba renovando su confianza por su buen hacer. Fue un ERE encubierto en el pasado 2012 y sin ninguna retribución, se vio de forma clara.
Lo que preocupa este anteproyecto que ya conocemos desde el pasado viernes es que no se habla de superar la ratio existente de ciudadanos y jueces. Todo lo contrario se genera un totum revolotum donde con los mismos efectivos se quiere sacar todo el trabajo pendiente, que es mucho desde luego.

¿Cuántos jueces harían falta para poder gestionar bien los recursos de nuestra justicia?
Estamos a 10 jueces por 100.000 habitantes y lo normal sería llegar a los 19 de otros países. Se trataría casi de duplicar los efectivos asistentes. Y es que hay jurisdicciones como la de social que se ha disparado; en otras hay más bajón por efecto de las tasas judiciales.
De todas me conformaría por llegar a los 15 jueces o magistrados por esos 100.000 habitantes.

En este caso concreto el legislador unifica todas las categorías en la palabra jueces.
Este tema aun no lo hemos estudiado a fondo. Es posible que sea algo anecdótico, a no ser que los que ahora somos magistrados nos apliquen el salario de los jueces más el complemento y eso supondría una disminución de ingresos. Confiemos que no vaya por esos derroteros.
Un dato que sí nos parece positivo es la eliminación, como ya pedimos los jueces decanos, de los magistrados autonómicos elegidos por sus propios Parlamentos así como la eliminación de la responsabilidad civil de los jueces.
Eramos la única figura de la función pública que cualquier ciudadano podría ir contra nosotros. En otros países es el Estado quien hace frente a esta responsabilidad, quedando a la espera el magistrado a posteriori si es corresponsable de algo.

Es curioso la relación que hace el Ministro Gallardón de la independencia judicial con la libertad de expresión. ¿Son incompatibles?
Desde luego que no. Y es que además hay que partir de la premisa que un juez que lleva habitualmente un caso no habla del mismo.
Ahora bien, los que somos decanos liberados, estamos en asociaciones no creo que haya nada malo que podamos dar nuestro punto de vista sobre los proyectos de ley, a las reformas que vienen encima o incluso pedir ayuda por como se están desarrollando algunas instrucciones en este país forma parte de la legítima libertad de expresión.
No creo que debamos quedarnos en hacer tratados doctrinales. Si sale publicado en el BOE creo que es claramente inconstitucional.

¿Es acertada la figura de la jurisprudencia vinculante que ahora incorpora la LOPJ de forma trimestral?
Es peligrosa y le voy a explicar porqué. En un principio sigue los precedentes americano y anglosajón en cuanto a funcionamiento. Con un ejemplo lo verá mejor.
Curiosamente en estos últimos meses el Supremo se está convirtiendo en legislador, sobre todo en las cláusulas suelo, así la de 9 de mayo del 2013 donde dice que no se podrán reclamar las cantidades cobradas de forma indebida a esos préstamos hipotecarios. Frente a ello varias Audiencias daban esos fallos a los ciudadanos.
Parece que no es casualidad que se quiera reforzar la seguridad jurídica del Tribunal Supremo y evitar así otros fallos inesperados. Es posible que cuando se firma una sentencia, además de argumentos jurídicos existan otros de seguridad nacional, económica. Desde esta vertiente la jurisprudencia vinculante no nos gusta.
Sobre la cuestión jurisprudencial que se quiere meter, creo que no haría falta. Ya tenemos la cuestión de inconstitucionalidad que es más efectiva

Desde fuera con el delito contra la administración de Justicia que ahora se incorpora en la LOPJ da la sensación que volvemos al delito de desacato de hace años…
Esta medida revela que falta un procedimiento de amparo en el CGPJ. Es lo que se debería haber desarrollado realmente y que el propio Consejo adoptara medidas para garantizar el citado amparo.
Me preocupa que se haya llevado a la via de la criminalización, de nuevo al Código Penal. Creo que tampoco es adecuado. Y además habrá que ver como se gestiona este tema cuando esa conducta venga de un tercero a través de un medio de comunicación.

Hablando del CGPJ, ¿han tenido alguna nueva noticia de su presidente? ¿Se ha retractado de sus declaraciones al diario El Mundo donde hablaba del palo y la zahanoria a los jueces?
Aún no hemos sabido nada. Sabemos que en la reunión de decanos señaló que su intención no era esa cuando hizo esos comentarios pero no llegó a disculparse. Tampoco la reunión generó una nota pública con lo cual se ha quedado todo ahí. No ha habido una rectificación pública hasta la fecha.

¿Cómo valoran estos primeros cien días del CGPJ a nivel de gestión?
No puede ser una valoración positiva. Como todos sabemos hay un incumplimiento claro del programa del PP en esta materia. Se hablaba de otra forma de nombramiento pero al final lo que observamos es que se controla el CGPJ.
Este Consejo lo tiene difícil. Funciona con una Comisión Permanente mediatizada y presidencializada. En estos tres meses no se ha visto una hoja de ruta clara de lo que se quiere hacer. El diálogo con las asociaciones no es el que se esperaba. Cada una de nosotros tuvo una reunión por separada y ahí se ha quedado la cosa.

La nueva LOPJ crea más aforados y no ha entrado en el tema de los indultos.
Hablamos de un privilegio realmente desde el momento que estos Altos Tribunales no están aconstumbrados a realizar instrucciones. El proceso se dilata en el tiempo y lo que es más grave nadie renuncia a su condición de aforado.
Los aforamientos al igual que los indultos deberían desaparecer. En los indultos debería desaparecer la ley de 1870 y establecer un procedimiento reglado con un catálogo de delitos muy concreto al modelo francés.
Que el ciudadano vea que la regeneración democrática va por buen camino se centra en este tipo de detalles y acciones.

¿Tenemos las leyes suficientes para luchar contra la corrupción?
No las tenemos. El año pasado apoyamos un escrito conjunto de los jueces de la audiencia para que lograsen cierta reivindicación de medios materiales. Ya lo hablamos antes cuando hemos citado la reforma de la Audiencia Nacional que ahora se plantea.
El problema se plantea ahora cuando la corrupción se generaliza y hay casos en todos juzgados de instrucción de nuestro país, Si en la Audiencia hay problemas, imagínese un juez de instrucción a la hora de realizar su trabajo.
Además las dilaciones indebidas bien respaldadas tanto por el sistema como por los propios abogados, eso hace que se beneficien en algunos casos los condenados desde la atenuante muy cualificada. En el caso de Núñez y Navarro en el Supremo ha supuesto bajarle la condena de seis años a dos de prisión. Al final se crea el círculo perfecto de la impunidad.

Independencia, politización, el tercer caballo de la justicia es la litigiosidad ¿ Ha hecho bien el Ministro en implantar las tasas para frenarla?
Los jueces decanos hace ya años vimos el problema. Apostamos por una tasa educativa para frenar el número de querulantes. Pero no la que se ha puesto finalmente que es desproporcionada y afecta a las clases medias. Al final te impide ir a los tribunales. Creo que no es la solución.
Ahora notamos el descenso, sobre todo en lo contencioso administrativo; ahí la multa o calificación urbanística tienen tasas importantes y no se reclama. Se ha disminuido la litigiosidad pero con el quebrando de muchas tutelas judiciales efectivas que no han llegado a los tribunales.
Por otro lado, no se ha potenciado ni el arbitraje ni la mediación ni la conciliación que sería otra salida a este asunto. Las apelaciones han bajado mucho porque incluso aunque el apelante gane el pleito no recupera ese dinero invertido.

¿Cree que por la repercusión del asunto, el Tribunal Constitucional debería resolver los recursos que tiene pendiente sobre constitucionalidad de dicha ley?
Desde luego debería hacerse así. Todos los ciudadanos estamos afectados por las tasas judiciales. Confiemos que así sea en un espacio de tiempo no muy largo y que si se mantiene la Ley de tasas sea algo más ponderada de la existente.
Un dato curioso, las grandes empresas hasta 2000 euros han quedado exentas de tasas. Este es un dinero que no se recauda con el sistema actual. Otro fallo incomprensible.

¿Desjudicializar las faltas sería también una buena medida?
Es cierto que mucho tiempo de nosotros los jueces se pierde con las faltas. Sin embargo hay que darse cuenta que si se llevan las faltas a la via administrativa el ciudadano puede quedar más desprotegido porque no tenga opción a la jurisdicción.
De hecho hay aprobada una Ley de Seguridad Ciudadana que invita a este tipo de faltas. Ahora habría que ver muy bien como se gestionan estos asuntos sin que el ciudadano quede sin protección jurisdiccional.

Otra medida de la que esperaba mucho es de la mediación, pero su desarrollo ha sido un poco extraño en estos meses.
Soy un partidario de la mediación. Aquí en Aragón tenemos una Ley de Custodia Compartida pero la mejor sentencia no arregla el problema. Por desgracia, el fenómeno del a mediación está funcionando allí donde están poniendo las autonomías dinero público.
Así Cataluña es un ejemplo a seguir y hacen mediación en todo. En el resto del país donde operan colegios de abogados o psicólogos hay escasas mediaciones. Esa es la realidad.

Concluimos. ¿Cuáles son las claves para que tengamos la justicia que deseamos los ciudadanos como servicio público?
Hay que modificar las leyes procesales para dar inmediatez a los asuntos. Procedimientos ágiles, medios de prueba rápidos y juicios y sentencias sin demora. Solo se puede conseguir con más jueces.
El otro gran problema es la ejecución de la sentencia; hay otro anteproyecto civil que apuesta por la figura de los procuradores en este sentido, veremos si será la solución.
Sobre los partidos judiciales, no se puede buscar una medida general. Las grandes ciudades si puedes hacer ese esfuerzo de concentración. Habrá que buscar soluciones a la carta en este asunto tan complejo.

Constitución de la sección territorial de Castilla y León  

En fecha 14/3/2014 nos reunimos los integrantes de la sección territorial de Castilla y León para la elección de cargos nombrando como presidente a EVA PLATERO ARANDA y como secretario a DANIEL SANCHEZ DE HARO.

Un saludo, Eva

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